Al CONSEJERO DE DE ORDENACIÓN DE TERRITORIO, URBANISMO, VIVIENDA Y DERECHOS CIUDADANOS
La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, con domicilio a efecto de notificaciones postales en la calle Padre Teral nº 26 – Q de Villalegre, en Avilés, correo electrónico correo@coordinadoraecoloxista.org, entidad inscrita en el registro de Asociaciones del Principado de Asturias con el nº 11760 sección primera con CIF – G33247891 y, en su representación, Fructuoso Pontigo Concha, con DNI 11393200-N, ante esta Unidad Administrativa comparece y, como mejor proceda en Derecho,
EXPONE:
La Coordinadora Ecoloxista d´Asturies ha tenido conocimiento, por el Bopa de 8 de enero de este año, de la publicación del Decreto 216/2023, de 22 de diciembre, de primera modificación del Decreto 258/2011, de 26 de octubre, por el que se regula la composición, competencias y funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias, de la CONSEJERÍA DE ORDENACIÓN DE TERRITORIO, URBANISMO, VIVIENDA Y DERECHOS CIUDADANOS
Es en esta Comisión conocida por el acrónimo de la CUOTA, en la que se dictaminan y aprueban los instrumentos de urbanismo y ordenación del territorio que afectan a los diferentes concejos y al conjunto de la Comunidad Autónoma. En ella, tienen actualmente asiento representantes de intereses corporativos y sectoriales como son los colegios profesionales o las asociaciones de constructores y empresariales, muy legítimos todos ellos pero centrados en los particulares ámbitos de actuación de estas corporaciones y asociaciones, pero sorprendente e inexplicablemente, no hay representante alguno de los movimientos sociales, vecinales y ciudadanos de Asturias, en particular de las organizaciones ecologistas.
Desde hace años el movimiento ecologista se ha dirigido en repetidas ocasiones tanto a los grupos parlamentarios representados en la Junta general como a los distintos gobiernos de Asturias, exigiendo la participación en dicha Comisión de las organizaciones ecologistas, vecinales y de las asociaciones que hayan participado en los procesos de elaboración del los distintos planes de urbanismo.
Se trata de una exclusión que seguramente ha respondido, hasta ahora, a intereses no confesados de evitar la presencia de voces independientes y críticas que puedan intervenir en nombre de la sociedad en los debates y toma de decisiones. Y es de todo punto denunciable que los nuevos responsables de dicha Consejería gobernada en este caso por un consejero de Izquierda Unida continúen imposibilitando dicha la participación, pese a que han rotulado a su consejería con el añadido de “ Derechos ciudadanos”. ¿De qué derechos? Si ni siquiera se reconoce el de participación.
Tanto los programas electorales de los partidos políticos como la doctrina urbanística administrativa y algunos pronunciamientos de nuestros tribunales de justicia son coincidentes en señalar que uno de los aspectos que necesita de un impulso y una reforma amplia y en profundidad es el de la participación ciudadana, pues ésta se ha visto reducida en la práctica totalidad de los supuestos al derecho a presentar alegaciones en los trámites de información pública previstos en la tramitación del planeamiento, es decir, se ha quedado anclado en los clásicos mecanismos de participación que ya previa la legislación del suelo de la época franquista.
Estos procedimientos estáticos de participación son hoy clara y manifiestamente insuficientes en el marco de una sociedad democrática que exige y necesita una participación activa de la sociedad en la toma de decisiones públicas, especialmente, en un ámbito de tanta relevancia y con tanta trascendencia para la calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos, la protección del medio ambiente, el derecho a una vivienda digna, el desarrollo de políticas de género, la protección del patrimonio histórico y cultural o la participación de la sociedad en las plusvalías que genera la acción urbanizadora, por citar algunas de las más relevantes. Y no solo eso, sino que este proceder está en manifiesta oposición con los principios y fundamentos proclamados por nuestra ley del suelo asturiana, conocida como TROTU, publicada en el año 2004 y desde entonces incumplida en su desarrollo y aplicación si nos atenemos a lo establecido en el art. 7 de la misma que dice :
Artículo 7. Participación ciudadana.
1. Las Administraciones Públicas velarán por que la actividad urbanística y de ordenación del territorio se desarrolle promoviendo la más amplia participación social, garantizando los derechos de información y de iniciativa de los particulares. La Administración urbanística deberá asegurar, en todo caso, la participación de los ciudadanos y de las entidades por éstos constituidas para la defensa de sus intereses.
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Los ciudadanos tienen, en todo caso, el derecho a participar en los procedimientos de tramitación y aprobación de instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico o de ejecución de éstos mediante la formulación de alegaciones durante el período de información pública al que preceptivamente deban ser aquellos sometidos, o de otras formas que se habiliten para fomentar la participación ciudadana.
La solución para hacer posible esta participación orgánica del movimiento asociativo asturiano es muy sencilla y solo requiere de voluntad política para ello. Basta con modificar – una vez más- el Decreto de estructura orgánica y funcionamiento de la CUOTA, cuya aprobación corresponde al Consejo de Gobierno a propuesta de su consejería, incorporando la presencia en los diferentes órganos que la integran de, al menos dos vocales, a propuesta y en representación del asociacionismo ciudadano o entidades por éstos constituidas para la defensa de sus intereses en el marco del planeamiento urbanístico municipal o regional y de las asociaciones conservacionistas o ecologistas que vienen interviniendo desde hace décadas en defensa del interés público y del respecto a los principios y normativas en materia de urbanismo, ordenación del territorio y medio ambiente.
La Coordinadora Ecoloxista d´Asturies, EXIGE tanto del CONSEJERO DE ORDENACIÓN DE TERRITORIO, URBANISMO, VIVIENDA Y DERECHOS CIUDADANOS como del GobiErno de Asturias avanzar, con la urgencia que requiere el déficit democrático del marco normativo vigente, mediante la implantación de sistemas y mecanismo que garanticen, potencien y aseguren la participación activa de la sociedad asturiana en la toma de decisiones.
En este sentido, nos parece necesario y perentorio, posibilitar a la mayor brevedad posible, la participación orgánica del movimiento asociativo ciudadano y en particular de las asociaciones ecologistas dentro de los Órganos colegiados en los que se debaten y deciden los asuntos más relevantes para el interés general en materia
urbanística.
En Avilés a 17 de enero del 2024
Fdo: Fructuoso Pontigo Concha de la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies