Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático
Servicio de Evaluaciones y Autorizaciones Ambientales
Expediente: Expte. AAI-127/21
La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, con domicilio a efecto de notificaciones postales en la calle Padre Teral nº 26 – Q de Villalegre, en Avilés, correo electrónico correo@coordinadoraecoloxista.org, entidad inscrita en el registro de Asociaciones del Principado de Asturias con el nº 11760 sección primera con CIF – G33247891 y, en su representación, Fructuoso Pontigo Concha, con DNI 11393200-N, ante esta Unidad Administrativa comparece como mejor proceda en Derecho.
EXPONE:
Con motivo de la información pública de la solicitud de la autorización ambiental integrada de la instalación para “Gestión integral de residuos (almacenamiento de residuos)”, solicitado por Área de Gestión Ambiental, S. L., ubicado en la avenida Eduardo Castro, n.º 149, término municipal de Gijón publicado en el BOPA el viernes 4 de febrero de 2022
ALEGACIONES:
Primero.
La actividad desarrollada en la instalación consiste en la recogida, recepción, trasvase, almacenamiento y expedición de residuos peligrosos y no peligrosos en un entorno al lado de numerosas viviendas y en la proximidad de instalaciones deportivas, por mas que la zona se clasifique como industrial.
Segundo. Accidentes Graves
Se aportará el Plan de Autoprotección o los planes de emergencia y demás documentación exigible de estar afectada la instalación por el Real Decreto 393/2007 por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección o por el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. y su legislación de desarrollo
Tercero. Vertidos.
El suelo debe estar impermeabilizado y con garantías que no haya filtraciones al subsuelo con la consiguiente contaminación por derrames o fugas, o lixiviados que se puedan producir en el tiempo de almacenamiento.
Es imprescindible exigir el cumplimiento de las normas de calidad ambiental (del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental o legislación que lo sustituya).
Cuarto. Emisiones a la atmósfera.
Aunque la empresa informe que en el proceso no genera ningún tipo de emisión. Los gases y compuestos volátiles que se puedan producir en el proceso de almacenamiento, clasificación y accidentes tienen que ser tratados mediante un filtro adecuado para su captación forzada ante de su emisión al exterior.
Las rejillas previstas de ventilación de la fachada tienen que tener un sistema de cierre por si fuera preciso su cierre en caso de gases tóxicos en el interior.
Quinto. Residuos.
En las instalaciones que efectúan tratamiento de residuos se aportará la documentación indicada en el Anexo VI de la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados, así como aquella documentación que fuera exigible por la normativa de aplicación.
En el caso de que en la actividad se manipulen sustancias o mezclas que cumplan los criterios de peligro físico, para la salud humana o para el medio ambiente de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 N a 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, (CL) se cumplimentará la siguiente ficha con la información necesaria para poder solicitar el correspondiente informe a la Dirección General de Salud Pública, sobre los aspectos referentes a la salud.
Sexto. Protección de suelos.
Ante el riesgo de contaminación por fugas o accidentes es preciso garantizar la estabilidad y estanqueidad de todos los elementos e instalaciones donde se almacenan y usan sustancias contaminadas o contaminantes mediante cubetas, superficies continuas impermeabilizadas, barreras perimetrales y aislado del agua de lluvia.
Séptimo. Ruido.
Las actividades a realizar de carga y descarga de los residuos, clasificación y compactación generan ruidos, que por la proximidad a las viviendas menos de 40 metros, es preciso su control y dinamización, por mas que se trate de una zona industrial donde la normativa es mas tolerante con los decibelios permitiendo los 65 d de forma permanente en el horario diurno.
Se aportará Estudio Acústico y debe realizarse un seguimiento de la contaminación acústica de las instalaciones, aunque se trate de una zona colindante con el puerto. Este control se debe realizar con una adecuada planificación de los muestreos de acuerdo al Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (valores en la Tabla B1. Valores límite de incisión de ruido aplicables a infraestructuras portuarias y a actividades del Anexo IBI – Emisores acústicos. Valores límite de incisión). Los informes anuales que recopilan los resultados del seguimiento deben ser públicos.
Octavo. Inspección Ambiental
El Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, que es aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, establece en su Capítulo IBI – Inspección y control:
Artículo 21.1. Los órganos competentes para realizar las tareas de inspección ambiental contarán con un sistema de inspección ambiental.
Artículo 21.2. El sistema de inspección ambiental incluirá el análisis de toda la gama de efectos ambientales relevantes de la instalación de que se trate y garantizará un adecuado nivel de comprobación del cumplimiento ambiental.
Artículo 21.3. Las Administraciones Públicas competentes asegurarán la adecuada y suficiente dotación de medios personales y materiales para los sistemas de inspección ambiental, velando por la aptitud profesional del personal que los integre y proporcionando los recursos necesarios para la prestación del servicio en condiciones de seguridad y eficacia.
Artículo 22.1. Las labores de inspección ambiental serán desempeñadas por inspectores ambientales.
Artículo 22.2. Los inspectores ambientales serán funcionarios adscritos al órgano que ejerza las competencias en materia de inspección ambiental, y en el ejercicio de sus funciones gozarán de la condición de agentes de la autoridad.
Artículo 22.3. El titular de la instalación que sea objeto de inspección está obligado a: Permitir el acceso, aun sin previo aviso y debidamente identificados, a los inspectores ambientales.
Artículo 23.3. be) El período entre dos visitas in situó se basará en una evaluación de los riesgos de las instalaciones correspondientes, y no superará un año en las instalaciones que planteen los riesgos más altos y tres años en las instalaciones que planteen riesgos menores.
Artículo 24.2. Las actas de inspección son documentos públicos y deben ir, en todo caso, firmadas por el inspector.
Artículo 24.5. Los órganos competentes pondrán a disposición del público, entre otros, por medios electrónicos, el informe de la actuación realizada en un plazo máximo de cuatro meses, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
De cumplimiento con el artículo 24, los informes de las inspecciones deben estar públicamente disponibles por plazo de tiempo ilimitado.
En cumplimiento con el artículo 21, es necesario exigir al gobierno asturiano que refuerce y mejore notablemente el actual equipo que realiza las inspecciones ambientales, dotándole en cantidad y calidad de los necesarios medios personales y materiales necesarios para realizar adecuadamente su función, actualmente insuficientes, con personal con el conocimiento técnico necesario para desempeñar su función.
Noveno. Obligación de prevención y levitación de daños medioambientales y de garantía financiera obligatoria.
Señalar que la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, establece en su Capítulo III la obligación de prevención, evitación y reparación de daños medioambientales y en su Capítulo IV, Sección Primera, la obligación de una garantía financiera obligatoria suficiente nunca inferior a los 10 millones de euros de garantía de daños medioambiental, los actuales 500.000 euros contratados por la empresa son claramente insuficientes, cuando se esta solicitando a instaladores garantías de 1,5 millones.
SOLICITAMOS:
Por todo ello solicitamos que tenga por presentado este escrito y por formuladas las alegaciones que contiene, que se presentan en tiempo y forma, que sean estimadas las mismas y que se modifique en el sentido argumentado el proyecto sometido a consulta, adecuándose a la obligada motivación prevista en la regulación procedimental que es específica y, teniéndome por parte interesada, nos den traslado de la resolución que recaiga en el presente procedimiento administrativo.
OTRO SÍ DICE: Que es preciso una respuesta razonada a estas alegaciones de acuerdo a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. La falta de respuesta es motivo de nulidad de la tramitación.
En Avilés a 28 de febrero del 2022
Fdo. Fructuoso Pontigo en representación de la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies