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Prohibido
Prohibido

Ayuntamiento de Cudillero

 

La Coordinadora Ecoloxista d鈥橝sturies, con domicilio a efecto de notificaciones postales en la calle Padre Teral n潞 26 – Q de Villalegre, en Avil茅s y con el correo electr贸nico correo@coordinadoraecoloxista.org, entidad inscrita en el registro de Asociaciones del Principado de Asturias con el n潞 11760 secci贸n primera con CIF – G33247891 y, en su representaci贸n, Fructuoso Pontigo Concha, con DNI 11393200-N, ante esta Unidad Administrativa comparece y, como mejor proceda en Derecho,

 

EXPONE:

 

Con motivo del tr谩mite de informaci贸n p煤blica de la Resoluci贸n de Alcald铆a Aprobaci贸n inicial del Proyecto de Actuaci贸n del Suelo Urbanizable VM-05, Villademar, Cudillero, que promueve la mercantil Anjoca SL, publicado en el BOPA del pasado 17 de mayo del 2023.

 

ALEGACIONES:

Informaci贸n p煤blica.

El Ayuntamiento no ha puesto a disposici贸n la informaci贸n en formato digital para facilitar el acceso a la misma, tal y como le exige la ley, lo que conlleva la nulidad de聽 este tr谩mite.

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional (SSTC 60/1982, 62/1983, 97/1991 y 143/1987) tener inter茅s leg铆timo equivale a la titularidad potencial de una posici贸n de ventaja o de una utilidad jur铆dica por parte de quien ejercita la pretensi贸n y que se materializar铆a de prosperar 茅sta. En efecto, el art. 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com煤n de las Administraciones P煤blicas, por lo que aqu铆 importa, confiere la condici贸n de interesado en el expediente a quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses leg铆timos individuales o colectivos, estableciendo en su n煤m. 2 que las asociaciones y organizaciones representativas de intereses econ贸micos y sociales, ser谩n titulares de intereses leg铆timos colectivos en los t茅rminos que la Ley reconozca. Y no cabe ninguna duda de que la Ley 27/2006 reconoce expresamente ese inter茅s leg铆timo.聽

La Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informaci贸n, de participaci贸n p煤blica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE), establece el requerimiento legal de consulta e informaci贸n p煤blica y la anulaci贸n del procedimiento administrativo en caso de su vulneraci贸n.

Sin embargo, la norma comunitaria establece unas obligaciones que no han sido trasladadas al Derecho nacional. La directiva contempla tres obligaciones de participaci贸n b谩sica: a) los avisos p煤blicos en una fase temprana; b) la puesta a disposici贸n del p煤blico interesado de la documentaci贸n relevante, incluida la producida tras los avisos en fase temprana; y c) la posibilidad de presentar observaciones.

Es preceptivo dar a conocer el proyecto urban铆stico a los vecinos afectados, que son muchos, de forma clara y suficiente, ya que va a afectar a sus vidas y supone un claro quebranto de su patrimonio con una p茅rdida evidente de valor de sus propiedades si se lleva adelante el proyecto urban铆stico. Que esta asociaci贸n alegue no significa que a los vecinos afectados se les haya garantizado el conocer en tiempo y forma el proyecto y el poder intervenir de forma temprana en 茅l.

Incompatibilidad con la ordenaci贸n urban铆stica.-

La actual poblaci贸n de Villademar es de 355 habitantes, distribuidos en unas 250 viviendas.

La pretensi贸n de construir un n煤mero que oscilar谩 entre 800 y 1.000 nuevas viviendas, de las cuales un 74 % ser铆a en viviendas en altura con edificios de 4 plantas, supone un aumento desproporcionado de las edificaciones (un aumento de un 400%) y vecinos, lo que resulta incompatible con la actual normativa para un n煤cleo rural.

Al mismo tiempo se desarrolla un modelo 鈥渆x贸geno鈥 totalmente alejado de cualquier modelo tradicional constructivo, (muy especialmente por la construcci贸n de bloques de pisos) con un claro impacto paisaj铆stico en una zona rural, lo que va a conllevar su falta de integraci贸n en el entorno edificado y natural por lo que incumple las Normas de Aplicaci贸n Directa establecidas en los arts. 108 y 109 del TROTU.

No deja de resultar chocante y contradictorio, con toda la normativa sobre sostenibilidad ambiental y recursos naturales, que se planteen nuevos desarrollos de edificaciones en zonas rurales

Creemos que el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaci贸n Urbana, se incumple en varios puntos:

Art铆culo 20. Criterios b谩sicos de utilizaci贸n del suelo.

  1. Para hacer efectivos los principios y los derechos y deberes enunciados en el t铆tulo preliminar y en el t铆tulo I, respectivamente, las Administraciones P煤blicas, y en particular las competentes en materia de ordenaci贸n territorial y urban铆stica, deber谩n:
  2. a) Atribuir en la ordenaci贸n territorial y urban铆stica un destino que comporte o posibilite el paso de la situaci贸n de suelo rural a la de suelo urbanizado, mediante la urbanizaci贸n, al suelo preciso para satisfacer las necesidades que lo justifiquen, impedir la especulaci贸n con 茅l y preservar de la urbanizaci贸n al resto del suelo rural.
  3. c) Atender, en la ordenaci贸n que hagan de los usos del suelo, a los principios de accesibilidad universal, de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, de movilidad, de eficiencia energ茅tica, de garant铆a de suministro de agua, de prevenci贸n de riesgos naturales y de accidentes graves, de prevenci贸n y protecci贸n contra la contaminaci贸n y limitaci贸n de sus consecuencias para la salud o el medio ambiente.
  4. Las instalaciones, construcciones y edificaciones habr谩n de adaptarse, en lo b谩sico, al ambiente en que estuvieran situadas, y a tal efecto, en los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o mar铆timo, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de caracter铆sticas hist贸rico-art铆sticas, t铆picos o tradicionales, y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitir谩 que la situaci贸n, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalaci贸n de otros elementos, limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa la armon铆a del paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo.鈥

Art铆culo 22. Evaluaci贸n y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, y garant铆a de la viabilidad t茅cnica y econ贸mica de las actuaciones sobre el medio urbano.

  1. Los instrumentos de ordenaci贸n territorial y urban铆stica est谩n sometidos a evaluaci贸n ambiental de conformidad con lo previsto en la legislaci贸n de evaluaci贸n de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y en este art铆culo, sin perjuicio de la evaluaci贸n de impacto ambiental de los proyectos que se requieran para su ejecuci贸n, en su caso.
  2. El informe de sostenibilidad ambiental de los instrumentos de ordenaci贸n de actuaciones de urbanizaci贸n deber谩 incluir un mapa de riesgos naturales del 谩mbito objeto de ordenaci贸n.

Informes preceptivos.-

Como el expediente no es accesible desconocemos si se han obtenido los informes preceptivos y vinculantes que establece la legislaci贸n sectorial, como:

  • Art. 25.4 de la ley de aguas, en cuanto a la capacidad y suficiencia de la dotaci贸n y suministro de agua.
  • En cuanto al saneamiento y su capacidad receptora para una poblaci贸n que al menos multiplicar谩 por 4 la actual, y que en periodos estivales y festivos lo har谩 a煤n m谩s.
  • Los referidos a la conexi贸n de infraestructuras de suministro el茅ctrico y su valoraci贸n ambiental.
  • Los referidos al acceso rodado, para lo que se deber谩n de detallar las condiciones del actual y de su conexi贸n a una carretera local, (Cu-3) y el impacto del aumento del tr谩fico.

Sostenibilidad.-

El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaci贸n Urbana, en su art铆culo 3 establece los siguientes Principios de desarrollo territorial y urbano sostenible, que entendemos que aqu铆 no se cumplen:

  1. Las pol铆ticas p煤blicas relativas a la regulaci贸n, ordenaci贸n, ocupaci贸n, transformaci贸n y uso del suelo tienen como fin com煤n la utilizaci贸n de este recurso conforme al inter茅s general y seg煤n el principio de desarrollo sostenible, sin perjuicio de los fines espec铆ficos que les atribuyan las Leyes.
  2. En virtud del principio de desarrollo sostenible, las pol铆ticas a que se refiere el apartado anterior deben propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la econom铆a, el empleo, la cohesi贸n social, la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la protecci贸n del medio ambiente, contribuyendo en particular a:
  3. a) La eficacia de las medidas de conservaci贸n y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protecci贸n del patrimonio cultural y del paisaje.
  4. b) La protecci贸n, adecuada a su car谩cter, del medio rural y la preservaci贸n de los valores del suelo innecesario o inid贸neo para atender las necesidades de transformaci贸n urban铆stica.

Por todo ello SOLICITAMOS que se tenga por presentado este escrito y por formuladas las alegaciones que contiene, que se presentan en tiempo y forma, que sean estimadas las mismas y que se modifique en el sentido argumentado el proyecto sometido a consulta, adecu谩ndose a la obligada motivaci贸n prevista en la regulaci贸n procedimental que es espec铆fica y, teni茅ndome por parte interesada, nos den traslado de la resoluci贸n que recaiga en el presente procedimiento administrativo.

 

OTROS脥 DICE: Que es preciso una respuesta razonada a estas alegaciones de acuerdo a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com煤n聽de las聽Administraciones P煤blicas. La falta de respuesta es motivo de nulidad de la tramitaci贸n.

 

En Avil茅s a聽 15 de junio del 2023

 

Fdo. Fructuoso Pontigo Concha, en representaci贸n de la Coordinadora Ecoloxista d鈥橝sturies