Comparecencia en la Comisión de Agroganadería y Recursos Autóctonos sobre la revisión del Plan de Gestión del Lobo en Asturias en 2014

Comparecencia de Alberto Fernández Gil a instancia de Coordinadora Ecoloxista d´Asturies en Comisión de Agroganadería y Recursos Autóctonos acerca de la revisión del Plan de Gestión del Lobo en Asturias

Junta General del Principado de Asturias, 27 de mayo de 2014

 

 

 

La propuesta del Plan, tanto en su filosofía como en su redacción, se basa en la premisa NO DEMOSTRADA de que los lobos suponen un riesgo para la ganadería extensiva como actividad económica. Sólo así se puede interpretar la finalidad del Plan donde se liga la conservación de la población de lobos en un estado favorable (un imperativo legal que emana de la Directiva 92/43/CEE) con la compatibilidad en el desarrollo de las explotaciones agrarias, dando a entender explícitamente que los apenas 200 lobos de la región suponen o pueden suponer un impedimento en el desarrollo ganadero del Principado. El borrador del plan no aporta ningún dato sobre esa supuesta incompatibilidad (real o potencial, presente o futura) en que se apoya todo el desarrollo del Plan.

Todos los indicadores, ya sean sociales (número de explotaciones afectadas, de ganado y de ganaderos afectados), como económicos (efecto en la renta, tanto de los ganaderos afectados, como sobre el sector en su conjunto) señalan que los daños de la fauna salvaje y de los lobos en particular NO son un problema relevante para el sector. Teniendo en cuenta, además, que el sector está fuertemente subsidiado con fondos públicos (hasta en 2/3 de la renta, como reconoce el propio sector ganadero en medio público) consideramos que NO se puede sostener que un factor (el lobo) que afecta a menos del 1% de la cabaña y a apenas al 5% de las explotaciones sea un problema para el desarrollo de las explotaciones agrarias.

Por tanto, consideramos que el planteamiento, el diagnóstico, sus actuaciones y herramientas han de ser profundamente modificadas.

El desarrollo del Plan se basa en dos herramientas que acumulan la práctica totalidad de los esfuerzos económicos y humanos para su ejecución: 1) el PAGO de DAÑOS, y 2) los CONTROLES de POBLACIÓN. Ambas están concebidas de forma tan deficiente que están suponiendo, de hecho, incrementar los problemas y la conflictividad que se pretenden solventar. Queremos señalar que los aspectos relacionados con la prevención de daños han quedado totalmente marginados en el Plan, cuando precisamente esto es lo fundamental (según señala la bibliografía técnica y científica) para rebajar los riesgos de predación al ganado.
 
El sistema de PAGO de los DAÑOS que ha aplicado el Principado en los últimos 25 años, y que es el mismo que se pretende en el nuevo Plan, está obsoleto, y es injusto para los contribuyentes que aportan los fondos para subsidios que sostienen al sector, ya que facilita casos de abusos y fraude generalizados. Las evidencias de abuso han sido expuestas por los grupos conservacionistas, tanto a la administración como a los sindicatos ganaderos, desde hace años, en sucesivas reuniones del Comité Consultivo,  sin que fueran tomadas en consideración. Recientemente, investigaciones policiales abiertas en Asturias ponen de manifiesto una situación relativamente extendida de estafa y fraude en el cobro de daños de lobo.

Consideramos que el empeño en insistir en un sistema de pago de daños que está en el origen de las múltiples irregularidades detectadas, que evidencian un mal uso de recursos públicos, y que tiene además graves efectos en la gestión y conservación de la naturaleza, es una grave irresponsabilidad política.

Los CONTROLES de POBLACIÓN, tal y como hemos manifestado en múltiples ocasiones en el marco del Comité Consultivo (ver Actas), son inaceptables tanto desde un punto de vista ético, como técnico o científico. Desde un punto de vista científico nuestra postura está apoyada en sólidos argumentos, en forma de múltiples artículos científicos que llaman la atención de que la eliminación generalizada, por ejemplo en forma de controles de población, de predadores clave suponen efectos en cascada al conjunto del ecosistema en que estos viven, con graves consecuencias para la salud y vitalidad de los propios ecosistemas.

Desde un punto de vista técnico, cada vez más evidencias ponen de manifiesto que los controles de población pueden conducir a mayores tasas de predación a ganado, y por tanto a generar o incrementar aquellos problemas que se pretenden solventar. Esto parece desprenderse de diferentes estudios realizados en nuestra región y también en otras poblaciones de lobos del mundo. La administración del Principado no ha ofrecido nunca evidencias de que está reduciendo la predación sobre el ganado mediante los controles de población de lobo.  

Desde un punto de vista ético, los controles de población son por definición, una herramienta para reducir el tamaño de la población eliminando ejemplares de forma indiscriminada y no selectiva (incluyendo cachorros), estén o no involucrados en episodios de predación al ganado. Los controles de población suponen, por tanto, una herramienta que implica lo que podríamos definir como xenofobia ambiental. En el caso de los lobos en Asturias, los controles de población se justifican porque una especie con un millón de individuos (nosotros) ha decidido que otra que cuenta con apenas 200 (los lobos) ha de ser “controlada”, porque son “demasiados” y molesta su número.

Por último, consideramos que la pretensión de que los cazadores participen en los controles es inadmisible, tanto jurídica como socialmente: los cazadores está habilitados para ejercer acciones de caza, pero no otras, para las que no tienen capacidades ni técnicas ni jurídicas.

En síntesis, la conjunción de falsas premisas, errores de diagnóstico, desarrollo de herramientas que conducen a abusos en fondos públicos y a inaceptable gestión de los recursos naturales, convierten a este plan en un inaceptable paso atrás, y que con toda probabilidad va a suponer un fiasco desde el punto de vista social y ambiental.