La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies, creada en 1987, es una de las asociaciones ecologistas con mayor trayectoria y más activas de Asturias. Se organiza mediante asambleas abiertas y periódicas, y se financia exclusivamente a través de donativos. A iniciativa propia o en colaboración con otras asociaciones y personas intenta aportar soluciones a los problemas ambientales de Asturias.

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PostHeaderIcon Alegaciones estudio preliminar impacto ambiental Collada 2021

Consejería de Economía y Empleo

Dirección General de Minería

Servicio de Promoción y Desarrollo Minero

Referencia AUTO/2021/9157

Plaza de España nº1-4º planta

33007 Oviedo

La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, con domicilio a efecto de notificaciones postales en la calle Padre Teral nº 26 –Q de Villalegre en Avilés 33403, Asturias, España y con el correo electrónico correo@coordinadoraecoloxista.org, entidad inscrita en el registro de Asociaciones del Principado de Asturias con el nº 34 sección segunda con Cif – G33247891 y, en su representación, Fructuoso Pontigo Concha, con DNI 11393200-N en calidad de presidente, ante esta Unidad Administrativa comparece y, como mejor proceda en Derecho.

Con motivo de la Información pública del Estudio Preliminar de Impacto Ambiental del Proyecto de investigación: Prospección geológica en el distrito minero de La Collada que afecta a los concejos de Gijón y Siero, promovido por la mercantil MPD FLUORSPAR, S.L.U, colgado en la Web del Gobierno de Asturias.

 

Primera. Antecedentes

La empresa pretende 21 nuevos sondeos con una zona de afección estimada en mas de 60 m² cada uno, el objetivo es poder ampliar la actual mina subterránea, afectando a las localidades de Gijón; Porceyo, Granda, la Camocha, Ruedes, Caldones, Baldornon, Fano, la Pedrera, Robledo,Arroyo y en Siero a las localidades de; Huergo, Florida, Varé, Los Pisones, San Tirso, Palmiano, La Madera, Grandarasa, La Calabaza, Muñó, Casanula, Ceñal, La Collada, Güergo.

 

Ya sorprende que reconociendo la empresa que en la zona tiene datos de los numerosos sondeos realizados, 81 en la Collada, 50 en Viescas y 27 en la Camocha, se pretenda mas sondeos en una zona densamente poblada.

 

Hay que recordar que la actual actividad minera la Viesca tiene un claro impacto en los vecinos que se quejan de ruidos, vibraciones en sus viviendas con el consiguiente impacto en el entorno, ademas de vertidos de sólidos en los cauces de la zona, grave impacto en la actual carretera por el trafico de camiones.

 

Segunda. Incumplimiento de las normas de evaluación ambiental

La Administración actuante no ha sometido a Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto sometido a consulta desde su web.

Sin embargo, dicho proyecto contempla una amplia extensión donde se van a realizar 21 sondeos nuevos.

 

Hay que recordar que los anteriores sondeos de la Viesca 2 los hizo la empresa sin la correspondiente licencia municipal ni del Ayuntamiento de Gijón ni del Ayuntamiento de Siero.

La norma comunitaria establece que «Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que, antes de concederse la autorización, los proyectos que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, dimensiones o localización, se sometan al requisito de autorización de su desarrollo y a una evaluación con respecto a sus efectos en el medio ambiente.» [artículo 2.1 de la Directiva 2011/92/UE].

 

Esta obligación general no se recoge de forma expresa en la legislación básica española ni en el desarrollo autonómico en cuestión, pero conforme a la doctrina jurisprudencial de que el derecho interno (nacional y autonómico) debe interpretarse conforme al Derecho comunitario (principio de interpretación conforme) [STJ 10-04-1984, C-14/83, von Colson y Kamann, EU:C:1984:153, apartado 26] debe ser tenida en cuenta por la Administración actuante a los efectos de realizar el cribado (screening) y analizar caso a caso aquellos proyectos que deben ser sometidos a evaluación ambiental porque puedan tener efectos significativos en el medio ambiente.

Recuérdese que cuando se trata de actividades extractivas de investigación la metodología de planificación, gestión y evaluación que se ha de adoptar es la del análisis del ciclo de vida completo. Se intenta vender el permiso de investigación como una actividad con escaso impacto y de tipo temporal, pero hay que recordar que esta actividad investigadora es la puerta a una actividad extractora con un impacto importante y muchas veces definitivo.

 

Además, téngase en cuenta que las «perforaciones» se encuentran incluidas entre los proyectos del anexo II.2.d de la Directiva 2011/92/UE, sin que proceda considerar que se trata de perforaciones para investigar la estabilidad de los suelos.

 

Tampoco procede entender aplicable la excepción del anexo II. Grupo 3. de la directiva 2011/92/UE a las perforaciones para investigar la estratigrafía de los suelos y subsuelos porque se trata de una ampliación contraria a la citada norma comunitaria que debe inaplicarse con arreglo al principio de primacía del Derecho de la Unión Europea sobre el Derecho interno contrario [STJ 15-07-1964, C-6/64, Costa c. ENEL, EU:C:1964:66, Rec. p. 1253, en especial 1269 y 1270].

En estas circunstancias, la decisión de no someter a evaluación ambiental un proyecto que contempla sondeos, más las correspondientes plataformas de sondeos y apertura de accesos en un territorio con las características reseñadas es una decisión arbitraria e ilegal que incumple el Derecho de la Unión Europea y prescinde de un trámite esencial, lo que determina su nulidad de pleno derecho con arreglo al artículo 47.1.e de la Ley 39/2015 y por efecto cascada la de todos los actos sucesivos de acuerdo con lo establecido en sentido contrario en el artículo 49.1 de la Ley 39/2015.

 

Tercera. Incompatibilidad con la ordenación urbanística.

El distrito minero de La Collada se extiende a lo largo de una franja de unos 10 km en dirección NNO-SSE, desde las estribaciones de Gijón hasta la localidad de La Collada de Arriba.

 

Es preciso que la promotora identifique, explique y evalúe las incompatibilidades urbanísticas, en caso de prosperar el proyecto extractivo que se pretende, con la actual norma de Gijón y de Siero

 

Las normas del procedimiento administrativo común establecen que «A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por las disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos.» [Artículo 79 de la Ley 39/2015].

Se está aplicando una ley preconstitucional y por tanto la Administración debe suplir con una aplicación comprensiva de aquellos aspectos a los que la norma preconstitucional no llega. Es el caso de las competencias relativas al medioambiente, la ordenación del territorio y el urbanismo.

 

La actividad extractiva, ya sea de exploración, investigación o explotación, no debe autorizarse en detrimento de de aquellas políticas que ordenan el territorio, el urbanismo, medioambiente y aguas.

 

La aplicación actual del procedimiento de autorización de un permiso de investigación y del plan de restauración correspondiente debe integrar, conforme al artículo 79 de la Ley 39/2015, la solicitud de informe de la Administración autonómica competente en ordenación del territorio y de las Administraciones locales en sus competencias urbanísticas.

La omisión de esta información previa genera importantes problemas pues se actúa sin considerar incompatibilidades manifiestas que en definitiva podrían impedir llegado el caso la explotación cuando ya se ha hecho una importante inversión en la investigación previa.

 

Cuarta. Incompatibilidad con la protección ambiental e hídrica.

Existe la obligación de realizar una previa y adecuada evaluación de impacto ambiental exigida por la legislación aplicable y como va afectar a la cuenca del Piles que se va ver directamente afectada.

La realización de los sondeos comporta un nuevo deterioro en el estado de las masas de agua que está prohibido en el artículo 92 bis del Real Decreto Legislativo 1/2001, sin que se den las circunstancias excepcionales establecidas en el artículo 39 del Real Decreto 907/2007.

Hay que garantizar que los lodos del proceso de perforación se llevan a un gestor autorizado.

 

Quinta. Incumplimiento de las normas de participación pública

 

La norma nacional que regula la participación pública en materia de restauración minera dice que «Para la celebración de este trámite, se informará al público de los siguientes asuntos: [...] g) La determinación de los procedimientos de participación pública» [artículo 6.3 del Real Decreto 975/2009].

 

La obligación establecida por esta norma nacional procede de la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la gestión de los residuos de industrias extractiva [exposición de motivos del Real Decreto 975/2009].

 

Sin embargo, la norma comunitaria establece unas obligaciones que no han sido trasladadas al Derecho nacional. La directiva contempla tres obligaciones de participación básica: a) los avisos públicos en una fase temprana; b) la puesta a disposición del público interesado de la documentación relevante, incluida la producida tras los avisos en fase temprana; y c) la posibilidad de presentar observaciones.

 

Cuando se realizan los avisos públicos en fase temprana se exige que se informe de «los procedimientos de participación del público definidos con arreglo al apartado 7», es decir «los procedimientos de participación del público con arreglo al presente artículo de forma que el público interesado pueda prepararse y participar de forma efectiva» [artículo 8 Directiva 2006/21/CE].

 

Es preceptivo dar a conocer el proyecto minero a los vecinos afectados que son muchos de forma clara y suficiente, ya que va a afectar a sus vidas y supone un claro quebranto de su patrimonio con una pérdida evidente de valor de sus propiedades si se lleva adelante el proyecto minero que se pretende investigar, porque no todos los vecinos leen el BOPA y son varios los pueblos afectados que a día de hoy no tiene comunicación fehaciente del proyecto minero. Que esta Coordinadora Ecoloxista alegue no significa que a los vecinos afectados se les hayan garantizado conocer en tiempo y forma el proyecto y poder intervenir de forma temprana en él.

Ni siquiera se publico en el Bopa el anunció de estos sondeos a pesar de que a la fecha del inicio de la consulta existía esa obligación que al no cumplirse, convierte en ilegal esta tramitación previa.

 

Por todo ello SOLICITAMOS que tenga por presentado este escrito y por formuladas las alegaciones que contiene que se presentan en tiempo y forma, sean estimadas las mismas y modifique en el sentido argumentado el proyecto sometido a consulta, adecuándose a la obligada motivación prevista en la regulación procedimental que es específica, y teniéndome por parte interesada, nos den traslado de la resolución que recaiga en el presente procedimiento administrativo.

 

OTRO SÍ DICE: Que es preciso una respuesta razonada a estas alegaciones de acuerdo a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. La falta de respuesta sería motivo de nulidad de la tramitación.

 

 

En Avilés, a 7 de diciembre del 2021

 

 

Fdo. Fructuoso Pontigo Concha por la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies

 

 

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