Gijón, frente a la playa
Pasan los gobiernos, cambian los consejeros y todo sigue igual en el urbanismo de Asturias. La Coordinadora Ecoloxista d`Asturias se ha dirigido al Consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos poniendo de manifiesto su rechazo al nuevo decreto sobre composición y funcionamiento de la CUOTA, publicado en el BOPA de 8 de enero de 2024, por cuanto que continúa sin reconocer el derecho de las asociaciones ecologistas y vecinales a estar representadas en el pleno y en la comisión ejecutiva de la CUOTA. Esta reivindicación ha venido haciéndose a los anteriores gobiernos del PSOE en todas las pasadas legislaturas sin que haya tenido ni siquiera respuesta.
La llegada de IU parecía ser una oportunidad para que finalmente se contemplase en el decreto regulador la demandada representación, pero no ha sido así. Se trata de un claro caso de discriminación y de arbitrariedad en tanto que sí se reconoce dicho derecho a otras entidades y colectivos, como la “Federación Asturiana de Empresarios”. Con este proceder el Gobierno de Asturias desconoce y atenta contra los derechos constitucionales de los colectivos y asociaciones vecinales y ecologistas que, de manera continuada y altruista, actúan en defensa del interés público en materias de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, al impedir que tengan unos representantes en el órgano que decide sobre la aprobación de los planes generales de urbanismo.
Poco parece importarles a los firmantes del acuerdo de aprobación y publicación, el Presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón y el Consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, que exista un mandato legal contenido en el art. 7 del Texto refundido de disposiciones vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de Asturias (TROTU) que textualmente, mandata :
“Las Administraciones Públicas velarán por que la actividad urbanística y de ordenación del territorio se desarrolle promoviendo la más amplia participación social, garantizando los derechos de información y de iniciativa de los particulares. La Administración urbanística deberá asegurar, en todo caso, la participación de los ciudadanos y de las entidades por éstos constituidas para la defensa de sus intereses”.
Al nombre de la consejería se ha añadido en esta última remodelación gubernamental “ Derechos ciudadanos” pero viendo el proceder seguido entendemos que se trata de una publicidad engañosa ya que bajo ese titular no se puede encontrar una ampliación de derechos y ni tan siquiera se reconoce de manera efectiva y garantista los ya establecidos por las leyes vigentes tanto a nivel estatal como autonómico.
Coordinadora Ecoloxista d’Asturies
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