1. Consejería de Consejería de Ciencia, Industria y Empleo

   Plaza España, 1 – 2ª Planta

   33007 – Oviedo

La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, con domicilio a efecto de notificaciones postales en la calle Padre Teral nº 26 – Q de Villalegre, en Avilés y con el correo electrónico correo@coordinadoraecoloxista.org, entidad inscrita en el registro de Asociaciones del Principado de Asturias con el nº 11760 sección primera con CIF – G33247891 y, en su representación, Fructuoso Pontigo Concha, con DNI 11393200-N, ante esta Unidad Administrativa comparece y, como mejor proceda en Derecho,

PRIMERO.- Ante el proyecto de centro de datos denominado Digital Valley Asturias que pretende implantarse en el municipio de Salas según hemos leido en los medios de comunicación.

SEGUNDO.- Que con el objetivo de poder conocer la magnitud del posible impacto ambiental y las consecuencias de la implantación en el municipio de Salas de un centro de datos así como la posible incompatibilidad con la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad, así como con los recursos hídricos y con la salud de las personas del concejo de Salas.

TERCERO.- Que con el objetivo de poder desarrollar un procedimiento de evaluación ambiental que analice con detalle las alternativas de ubicación, las necesidades de agua y energía, el modelo de abastecimiento energético y los efectos acumulativos y sinérgicos que pueden derivarse de implantación de este tipo de centros de datos en nuestro territorio.

Por todo lo anterior, EJERCITA

El DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN en materia de Medio Ambiente, previsto en la Ley 27/2006¹, de 18 de julio, SOLICITANDO que, en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud, se nos de traslado de:

La información disponible en formato digital, relativa al proyecto de centro de datos denominado Digital Valley Asturias así como de sus infraestructuras anexas a desarrollar en el concejo de Salas, así como los posibles anexos que puedan acompañar al proyecto donde se desarrolle información relativa a:

• Si se ha realizado un estudio ambiental para evaluar el posible impacto ambiental de las instalaciones en sus diferentes fases.

• Características técnicas del proyecto a desarrollar y en especial del centro de datos, con indicación de consumos de energía y agua

• Ciclo del agua del complejo, desde que se realizan las captaciones en el río hasta su vertido o evacuación.

• Análisis y evaluación de los posibles impactos sobre la fauna, la flora, los hábitats y los espacios protegidos.

• Análisis y evaluación de los posibles impactos sobre la salud humana: contaminación ambiental y acústica.

• Análisis y evaluación de los posibles impactos sobre otras actividades productivas de la zona y especialmente en la ganadería y agricultura locales.

• Análisis socio-laboral de la implantación del complejo en Salas durante la fase de obra, y de operación y mantenimiento.

• Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) definido para el complejo y las posibles medidas correctoras previstas para un proyecto de estas características.

Agradecemos de antemano su colaboración y le rogamos encarecidamente el envío de los datos en formato digital para facilitar el estudio de los datos. Para cualquier cuestión relativa a esta solicitud, así como para remitir la información solicitada, independientemente de su envío por la vía ordinaria, pueden dirigirse por favor a la siguiente dirección de correo electrónico:

OTROSÍ DIGO: Que, en el caso de que en la documentación solicitada existiese información que fuese motivo de excepción por verse afectado negativamente cualquier extremo del artículo 13.2 de la Ley 27/2006, se justifiquen y motiven las razones concretas de dicha afección, proporcionándonos acceso al resto de la información, eliminando la información objeto de excepción.

En Avilés a 21 de agosto del 2026

Fdo. Fructuoso Pontigo Concha en representación de la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies

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1. La Ley 27/2006, de 18 de julio, en su artículo 10 establece el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud en el registro de la autoridad pública competente para resolverla.

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