NOTA DE PRENSA
Las ASOCIACIONES ecologistas asturianas abajo firmantes solicitan una reunión con el Presidente del Gobierno de Asturias el señor Adrián Barbón por el recorte de derechos que la Administración asturiana está llevando a cabo contra ellas.
En el momento en que parece que la sensibilidad ambiental está más presente en la política de nuestro Principado de Asturias se nos niega el reconocimiento de derechos básicos para la defensa del mismo.
Desde la aprobación de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) y la Ratificación del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998 con vigencia desde 29 de Marzo de 2005, las asociaciones ecologistas y conservacionistas tienen reconocido el acceso a la justicia gratuita.
Sin embargo, a día de hoy ese derecho viene siendo cuestionado y negado por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Asturias que depende del gobierno asturiano, obligando a las asociaciones a un largo caminar que finaliza con la impugnación de la denegación ante los órganos judiciales competentes en cada momento.
La postura mantenida por la Comisión para denegarles el reconocimiento del derecho en virtud de ambas normas es contraria a lo mantenido por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
Desde la vigencia de esta ley, resulta indudable el derecho a la justicia gratuita en virtud de lo establecido en su artículo 22 y 23. Así lo ha venido interpretando el TS (Auto de 18/01/2018 y Auto de 13/03/2019) e incluso la Sala de lo Contencioso del TSJ (Auto de 29/03/2019). Por tanto, en aplicación estricta del artículo 23.2 de la Ley 27/2006 -que si no resultaría superfluo- las personas que reúnen los requisitos ahí establecidos tienen derecho a la justicia gratuita sin necesidad de cumplir las exigencias del artículo 2 de la ley 1/1996.
Recordemos que las organizaciones ambientales sin fines de lucro trabajan en la defensa de un interés colectivo y que a todos nos afecta, como es el medio ambiente, por lo que cualquier obstáculo financiero o de otro tipo que “ponga trabas” para acceder de manera efectiva a la justicia, reduce significativamente ese nivel de protección.
Por todo ello, esperamos que nos reciba lo antes posible el máximo responsable de la Administración Regional a fin de aclarar y corregir esa situación tan gravosa para las asociaciones ecologistas asturianas y el medio ambiente asturiano.
Coordinadora Ecoloxista, ANA, ANADEL, MAVEA, Colectivo Ecologista de Avilés.
Contacto: OLGA ÁLVAREZ, abogada ambientalista, 616890378