El Ayuntamiento de Gijón ha aprobado recientemente el proyecto de implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), aunque en el último momento y, según parece, únicamente para evitar la devolución de las subvenciones destinadas a su creación.
Sin embargo, el enfoque de la corporación plantea serias dudas sobre el compromiso real con este tipo de zonas, que se han demostrado efectivas en España y en otros países de la Unión Europea, donde hay más de 400 zonas de bajas emisiones, similares en funcionamiento con evidentes beneficios ambientales y sociales.
El concejal de Tráfico y Movilidad, conocido negacionista de cualquier medida ambiental que incluya al coche, sigue defendiendo públicamente que la medida es impuesta por el ministerio y no «viene de Europa», a pesar de que la normativa comunitaria exige reducir las emisiones y establece que las ZBE son una herramienta más para lograrlo. Esta narrativa, junto con la elaboración de un calendario de actuaciones que parece diseñado para invalidar su impacto, pone en riesgo no solo los objetivos ambientales de la ciudad, sino también el dinero público invertido al volverlo inútil.
Vincular la Zona de Bajas Emisiones al protocolo de contaminación vigente en la zona oeste, un instrumento ampliamente criticado por su diseño permisivo hacia las industrias, parece una estrategia deliberada para no aplicar ninguna restricción. Por si fuera poco, la corporación ha anunciado que no se impondrán sanciones hasta pasadas las elecciones municipales, perpetuando un uso laxo de las leyes que no beneficia a su credibilidad.
Por otro lado, la anterior ordenanza de movilidad, ya contemplaba la implantación de las ZBE y ya tenía gran parte del trabajo realizado pero el grupo municipal decidió derogar, retrasando todavía más su aplicación. Como resultado, se plantea ahora una versión de la ZBE que utiliza las pegatinas medioambientales que el concejal denostaba, pero cuando los vehículos sin distintivo ya son una minoría del parque automovilístico.
La ciudadanía merece políticas ambientales decididas y efectivas que garanticen un aire más limpio y una mejor calidad de vida. El Ayuntamiento de Gijón, sin embargo, parece más preocupado por evitar conflictos con ciertos intereses que por reducir las emisiones del transporte privado, fundamentales para mejorar la salud.
Coordinadora Ecoloxista d’Asturies
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