De acuerdo con lo establecido en el Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca) el 25 de junio de 1998, y ratificado por España el 15 de diciembre de 2004, solicita se tomen en consideración y se recojan las alegaciones aquí manifestadas, para su incorporación al Informe Nacional de Cumplimiento de dicho Convenio, sometido a consulta pública por ese Ministerio, con el fin de que se tome buena nota, a los efectos oportunos, de las observaciones y comentarios que aportamos en relación con la forma en la que a nuestro entender se han incumplido, por parte de las diferentes Administraciones públicas afectadas, las distintas cláusulas del citado Convenio.
Ministerio de Medio Ambiente
Plaza San Juan de la Cruz s/n
28071 Madrid
Aviles a 26-01- 2009
La Coordinadora Ecoloxista.
De acuerdo con lo establecido en el Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca) el 25 de junio de 1998, y ratificado por España el 15 de diciembre de 2004, solicita se tomen en consideración y se recojan las alegaciones aquí manifestadas, para su incorporación al Informe Nacional de Cumplimiento de dicho Convenio, sometido a consulta pública por ese Ministerio, con el fin de que se tome buena nota, a los efectos oportunos, de las observaciones y comentarios que aportamos en relación con la forma en la que a nuestro entender se han incumplido, por parte de las diferentes Administraciones públicas afectadas, las distintas cláusulas del citado Convenio.
CONSIDERANDO:
PRIMERO
El 4 de noviembre del pasado año 2008, la Junta General del Principado celebró unas comparecencias de “expertos” citados por los grupos políticos de la Cámara, como consecuencia de una iniciativa parlamentaria para debatir la denominada “Estrategia Energética del Principado de Asturias con horizonte en el 2012“, un documento aprobado en Consejo de Gobierno del Principado de Asturias el 11 de abril de 2007, que no fue remitido a los grupos parlamentarios hasta julio del 2008, momento en el que se acordó realizar tales comparecencias informativas, en las cuales, por primera vez, la sociedad asturiana pudo saber públicamente que tal documento existía administrativamente, al reconocer el consejero de Industria, Graciano Torre, a preguntas de la oposición, que efectivamente había sido aprobado, aunque se negó a reconocer la fecha exacta
SEGUNDO
En esas mismas comparecencias del 4 de noviembre del 2008, el señor d. Isaac Pola Alonso, director general de Energía, reconoció, tal y como figura en las citadas actas de la sesión, y en referencia a dicho documento, al parecer aprobado por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias: “…habíamos comentado anteriormente una cuestión procedimental relativa a las cuestiones de evaluación de impacto ambiental. Había dicho que la competencia en cuanto a la planificación energética de las actividades reguladas de la red de transporte de electricidad y gas está reconocida como de competencia estatal en las leyes del sector eléctrico y la ley del Sector de Hidrocarburos. Esa planificación le corresponde al Estado, a instancia, a propuesta de distintos agentes, distintos colaboradores, que son, principalmente, los operadores y las comunidades autónomas, los operadores de la red eléctrica y de la red de gas y las comunidades autónomas. Como decía, las propuestas de la Comunidad del Principado de Asturias fueron felizmente reflejadas en su práctica totalidad en el documento de Planificación Nacional“.
RESULTANDO:
Es a partir de estas comparecencias motivadas por la petición de la oposición parlamentaria en la Junta General, que reclamó que el Gobierno de Asturias informase sobre la existencia del repetido documento, que las asociaciones abajo firmantes llegan al conocimiento de que el Gobierno de Asturias había tomado una compleja serie de decisiones que afectan gravísimamente a la configuración integral del territorio asturiano, puesto que suponen una transformación total de la Asturias que conocemos, afectando el medio ambiente, el paisaje, y los recursos naturales de toda la Comunidad Autónoma, de Norte a Sur y de Este a Oeste, y todo ello, sin que se haya realizado ningún proceso de participación ciudadana en la adopción de dichas decisiones. Tanto los expertos que comparecieron en aquella sesión, como esta asociación abajo firmante entendemos que se decidió convertir Asturias en una región especializada en la producción de energía, contemplando -como se contempla en el documento- la instalación de numerosas centrales de ciclo combinado que se vienen a añadir a las centrales ya existentes -de carbón y de gas-, un impresionante número de parques eólicos, así como una regasificadora en El Musel, junto con la gigantesca malla de gasoductos, líneas de alta tensión, subestaciones eléctricas, un gran anillo de alta tensión en el centro de la comunidad, y un sinfín de instalaciones anejas, que evidentemente responden a un gran y único plan, que hasta el momento se había ido avanzando mediante documentos parciales que intentaban ocultar a la vista del público la existencia de ese gran plan global que el gobierno asturiano pretende gestionar al margen de las opiniones y de la participación del público en el mismo.
Realizadas las oportunas consultas, y buscando ser totalmente escrupulosos en nuestras manifestaciones, hemos podido constatar, con todo tipo de organizaciones ciudadanas y administraciones consultadas por nosotros, que este gran proyecto no ha sido debatido, tratado ni tramitado en órgano alguno de participación, que no se ha producido ningún tipo de exposición pública ni avance informativo, que no se abrió ningún periodo de alegaciones, y por lo tanto, que en su integridad ha sido ocultado a la sociedad asturiana en su conjunto.
TENIENDO EN CUENTA ADEMÁS:
Que la aprobación de la Estrategia Energética por el Consejo de Gobierno, que que tuvo lugar el 11 de Abril de 2007 y no fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (Bopa).
Que no ha sido publicada en ningún medio oficial de difusión de acuerdos de la administración.
Que no fue previamente debatida en la Junta General del Principado, y no es hasta junio de 2008, cuando se empezó a tramitar en la Junta General, cuando al publicarse el documento en el boletín de la Junta, comenzó a ser conocido públicamente, aunque a día de hoy no ha sido aún difundido entre la ciudadanía en general, ni sometido a votación de los grupos políticos del Parlamento Asturiano.
Que no obstante todo lo anterior, el documento sí fue incorporada al Plan Nacional que fue aprobado por el Consejo de Ministros de 30 de Mayo de 2008, tal y como reconoció en su comparecencia el director general de Energía.
Que en ningún momento ha habido la menor posibilidad para los ciudadanos de legar sobre todas estas cuestiones, nos encontramos con que no podíamos acudir a la justicia ante la gravedad de los hechos con los que nos encontramos, pues en aquel momento no existían actos administrativos que recurrir, y con la política de hechos consumados que se está practicando, nos topamos con que cuando podamos recurrir a la justicia, el destrozo estará hecho, por lo que entendemos que hay todo un intento por parte del gobierno de presentar las consecuencias de ese plan como un conjunto de hechos consumados e irreversibles, con gravísima lesión del interés general y del derecho democrático a la participación consagrado por la Constitución Española, violando de manera clara el espíritu y la letra de las leyes y los convenios internacionales en la materia.
Que además han sido violadas las competencias autonómicas en materia de medio ambiente y ordenación del territorio, de manera deliberada, pues el propio Gobierno del Principado ha obviado las consultas de rigor con organismos como la CUOTA, la CAMA y la CREMA.
EN CONSECUENCIA:
Dado el manifiesto incumplimiento de las obligaciones que en esta materia tiene el Gobierno del Principado, que viola abiertamente las obligaciones adquiridas por España en el conocido como Convenio de Aarhus del 25 de julio de 1998, ratificado por S.M. El Rey el 15 de diciembre de 2004, e ignora la fuerza legal de su trasposición a legislación española, mediante la LEY 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, nos dirigimos a ese MINISTERIO con una doble petición.
SOLICITAMOS:
1) Que intervenga a la máxima urgencia ante el Gobierno de Asturias para recordarle sus obligaciones en esta materia, en virtud de los compromisos suscritos por el Reino de España ante la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, y en virtud también de las obligaciones establecidas por el propio ordenamiento jurídico español, para que cese en su actitud de ignorar a los ciudadanos y no vuelva a incurrir en tamaño incumplimiento.
2) Que en el Informe Nacional de Cumplimiento que se encuentra en estos momentos sometido a un proceso de participación pública en el que procede la presentación alegaciones, se tenga por presentada esta alegación y se haga constar el flagrante incumplimiento por parte del Gobierno del Principado de Asturias.
Fdo. Fructuoso Pontigo Concha de la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies