El impacto ambiental de los centros de datos como el anunciado en Salas de una capacidad maxima de 120 Mw informaticos, se manifiesta de forma especialmente visible en dos dimensiones: el consumo de agua y la huella de carbono.
La necesidad de mantener temperaturas estables obliga a desplegar sistemas de refrigeración intensivos, que todavía dependen de tecnologías poco eficientes. Lo habitual de los sistemas de refrigeración es que utilizan agua para disipar el calor generado por los servidores, lo que implica extraer grandes volúmenes que los promotores han anunciado que sacarán del río Nonaya, que baja casi siempre con escaso caudal.
La instalación de centros de datos está agravando la competencia por un recurso ya limitado en un contexto de precipitaciones cada vez más escasas como es el agua. En el día de hoy el caudal medio del río Nonaya a su paso por Cornellana es de 0,17 m3/segundo claramente insuficiente para el consumo que tendrá cuando esté operativo este centro si se acaba poniendo.
Hay que recordar que están diseñados para operar las 24 horas del día, ademas del consumo exagerado de agua, multiplica la demanda energética y genera picos de consumo que pueden tensar las redes eléctricas, impidiendo que otros proyectos locales puedan acoplarse a la red. La combinación de potencia de cálculo, operación continua y necesidades de refrigeración convierte a estos centros en infraestructuras críticas desde el punto de vista energético. Según el profesor universitario Jose A. Portilla, una instalación de 120MW supondría un consumo energético equivalente al de una ciudad de hasta 900.000 habitantes y un consumo de agua para refrigeración de 4,2 millones metros cúbicos al año, comparable al de una población de entre 20.000 y 50.000 habitantes (Salas tiene 4.700 habitantes censados).
“Los centros de datos emiten ruido a través de sus refrigeradores, gases contaminantes a través de sus generadores, y entre ambos, grandes cantidades de calor que pueden elevar la temperatura a un par de kilómetros entre dos y nueve grados”, según dice el investigador Manuel García Domínguez. Ante la situación actual del planeta, ante la que se impone una necesidad rigurosa de disminución del consumo, la proliferación de este tipo de centros va en dirección contraria.
Numerosas organizaciones, como la Organización de las Naciones Unidas, han pedido frenar la expansión indiscriminada de los centros de datos que alimentan la IA, subrayando la necesidad de evaluar sus impactos antes de autorizar nuevas instalaciones. Esta llamada no pretende detener el avance tecnológico, sino exigir que la planificación de infraestructuras digitales incorpore criterios ambientales, sociales y de gobernanza más rigurosos. La preocupación se centra en la velocidad de despliegue, que en muchos casos supera la capacidad de los marcos regulatorios actuales para evaluar riesgos y establecer límites claros, marcos regulatorios que rechaza el sector de la industria digital.
El debate regulatorio se está desplazando desde la mera protección de datos y la ética algorítmica, hacia una visión más amplia que incluye el consumo de recursos naturales y las emisiones asociadas a la IA. Algunos países y regiones están empezando a exigir informes de impacto ambiental específicos para centros de datos, así como requisitos de eficiencia energética y uso de energías renovables. Por eso no deja de ser sorprendente que se anuncie una super centro de datos por parte de los intermediarios, con la autorización del Gobierno de Asturias, en un polígono que no existe, sin agua para refrigerar, con energía que tendrá que venir de muy lejos para abastecer el centro, por más que en Salas tengan la subestación de alta tensión en Buspol (a 6 km del polígono proyectado), dentro de la linea que comunica Grado en Asturias con Boimente en Lugo de 400 KV.
La localización de los centros de datos de IA no es un asunto neutral desde la perspectiva social y ambiental. Muchas de estas infraestructuras se instalan en zonas con disponibilidad de suelo y marcos regulatorios flexibles, lo que puede generar desequilibrios entre los beneficios económicos y los costos ambientales que asumen las localidades, porque su impacto en el empleo local es muy reducido. Hay que plantearse, además de su ubicación, su utilidad social, su beneficio público.
Coordinadora Ecoloxista d´Asturies
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