Hemos reclamado a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que informe en contra del proyecto del polígono proyectado a la orilla del río Nonaya, al ocupar gran parte de zona inundable, de acuerdo al mapa de riesgos vigente que tiene el Ministerio.
La actual revisión del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y el Real Decreto de evaluación y gestión de los riesgos de inundación, prevé planificar más adecuadamente las zonas inundables, porque las inundaciones se ven intensificadas por el cambio climático. La futura norma pretende evitar que siga aumentando la exposición de personas, bienes e infraestructuras al riesgo de inundación mediante una mejor ordenación del territorio. En las zonas de flujo preferente propone mantener el carácter rural de estos terrenos y limitar las actuaciones a las destinadas a la protección frente a inundaciones.
Por eso, sería inaceptable que se autorizase un nuevo polígono en unos terrenos inundables como son una gran parte de la zona a urbanizar.
Hay que recordar que en ese polígono Nonaya Este, hasta ahora inexistente, que se ubicará junto a la Avenida de Ricardo Fuster (que comunica la carretera N-634 con la villa de Salas) es donde se quiere poner el centro de datos de 120 MW informáticos.
Numerosas organizaciones, como la Organización de las Naciones Unidas, han pedido frenar la expansión indiscriminada de los centros de datos que alimentan la IA, subrayando la necesidad de evaluar sus impactos antes de autorizar nuevas instalaciones. Esta llamada no pretende detener el avance tecnológico, sino exigir que la planificación de infraestructuras digitales incorpore criterios ambientales, sociales y de gobernanza más rigurosos. La preocupación se centra en la velocidad de despliegue, que en muchos casos supera la capacidad de los marcos regulatorios actuales para evaluar riesgos y establecer límites claros, marcos regulatorios que rechaza el sector de la industria digital.
El debate regulatorio se está desplazando desde la mera protección de datos y la ética algorítmica, hacia una visión más amplia que incluye el consumo de recursos naturales y las emisiones asociadas a la IA. Por eso no deja de ser sorprendente que el proyecto de un super centro de datos por parte de los intermediarios, con la autorización del Gobierno de Asturias, en un polígono que no existe, sin agua para refrigerar, con energía que tendrá que venir de muy lejos para abastecer el centro, por más que en Salas tengan la subestación de alta tensión en Buspol (a 6 km del polígono proyectado), dentro de la línea que comunica Grado en Asturias con Boimente en Lugo de 400 KV.
La localización de los centros de datos de IA no es un asunto neutral desde la perspectiva social y ambiental. Muchas de estas infraestructuras se instalan en zonas con disponibilidad de suelo y marcos regulatorios flexibles, lo que puede generar desequilibrios entre los beneficios económicos y los costos ambientales que asumen las localidades, porque su impacto en el empleo local es muy reducido. Hay que plantearse, además de su ubicación, su utilidad social, su beneficio público.
Coordinadora Ecoloxista d´Asturies
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