CONSEJERO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO, VIVIENDA Y DERECHOS CIUDADANOS.

La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, con domicilio a efecto de notificaciones postales en la calle Padre Teral nº 26 - Q de Villalegre, en Avilés y con el correo electrónico correo@coordinadoraecoloxista.org, entidad inscrita en el registro de Asociaciones del Principado de Asturias con el nº 11760 sección primera con CIF - G33247891 y, en su representación, Fructuoso Pontigo Concha, con DNI 11393200-N, ante esta Unidad Administrativa comparece y, como mejor proceda en Derecho,

EXPONE:

Con motivo de la información pública de la Resolución de 2 de enero de 2025, de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, por la que se acuerda someter a trámite de información pública la propuesta de primera modificación del Decreto 63/2022, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, publicado en el Bopa del pasado 10 de enero del 2025

PRIMERA. Interés general.

Medida cautelar que trata de evitar un daño irreparable al medio rural asturiano tras el inicio de la elaboración de un nuevo instrumento de ordenación del territorio. Procedencia jurídica de la modificación del artículo 51 del ROTU. No quisiéramos desde luego caer en este momento en una excesiva reiteración de aquello que ya a día de hoy es suficientemente notorio y público. La propia Cuota en su Permanente de 31 de julio de 2024 explicó suficientemente la problemática acaecida ante la proliferación de proyectos que han salido a información pública respecto a las instalaciones de almacenamiento de energía eléctrica mediante baterías electroquímicas (BESS, por sus siglas en inglés), en su modalidad independiente tipo “stand alone”. No obstante siempre es buen momento para recordar la alarma social generada tras la admisión a trámite por parte de La Consejería de Industria y Transición Ecológica de los mencionados proyectos.

Los problemas que generan estas instalaciones son evidentes y notorios, y no se pueden ni ocultar a la ciudadanía ni omitir por los poderes públicos con la Administración mirando para otro lado como si alguien se los hubiese inventado y sacado de la nada, y es que:

A) los antecedentes de siniestros acontecidos en otros países con incendios que tardan días en ser sofocados generando un elevado riesgo de contaminación en personas, animales, aguas y plantaciones de frutas y hortalizas están debidamente acreditados y documentados, y no pueden ser negados ni puestos en entredicho por las promotoras por su mero interés particular y económico;

B) los ruidos que generan este tipo de instalaciones que alteran la calidad de vida de los ciudadanos son evidentes e intolerables, negarlo es absurdo, y

C) la contaminación electromagnética, pese a la contradicción entre diversos puntos de vista científicos al respecto, nunca puede suponer que justifique el dejar esa incertidumbre a la suerte y el azar en relación a un posible daño a la salud pública de los ciudadanos y esperar a que en un futuro sea el destino quien tenga a bien que no se den unos resultados dañosos que de darse supondrán la adopción de unas medidas a posteriori que serían en todo caso ya tardías una vez que el daño moral y de salud a las personas, y el daño físico al medio ambiente, ya no podría ser reparado.

El caso es que el ataque al medio rural asturiano ha sido implacable y desmesurado: fincas situadas en el suelo no urbanizable de núcleo rural con núcleos de población arraigados y consolidados y con solares predispuestos para un desarrollo edificatorio de la vivienda unifamiliar, suelo no urbanizable agroganadero con explotaciones y usos agrarios y ganaderos, suelo no urbanizable de interés forestal con manchas arbóreas de tipo autóctono o que sin serlo se encuentran a escasa distancia de las viviendas; todos estos terrenos han sido los elegidos por las empresas promotoras para ubicar el emplazamiento de esas instalaciones en la amplia mayoría de aquellos proyectos básicos.

Lo cierto es que no solo ha sido la Coordinadora Ecoloxista y lapoblación la que ha mostrado su inquietud y rechazo a los emplazamientos elegidos por las promotoras, pues los propios representantes del pueblo, y que gobiernan esta Comunidad Autónoma, así lo han manifestado. La situación se ha desbordado social y jurídicamente con una Administración autonómica que ha tenido evidentes dificultades para adoptar las soluciones normativas y administrativas necesarias en un lapso de tiempo adecuado ante lo repentino de esta problemática, tratando desesperadamente de compatibilizar dos intereses que deben ir de la mano sin menoscabarse uno al otro, debiendo por un lado de protegerse la salud pública de todos los ciudadanos y nuestro medio ambiente y usos habituales de suelo en el medio rural, y además por otro asegurar un interés público superior de tipo energético como puede ser el sistema de almacenamiento de energía. No debemos obviar que “la normativa europea no impone a las autoridades públicas de los Estados miembros que se autoricen necesariamente estas instalaciones energéticas (de interés público superior), sino que se deben ponderar los intereses jurídicos de cada caso en el proceso de planificación y concesión de autorizaciones, esto es, que debe motivarse la opción elegida (STSJA, Sala de los Contencioso de 17 de junio de 2024). La compatibilidad antes citada ha pretendido garantizarse hasta ahora a través de dos controles administrativos: 1º) que los proyectos básicos referidos a estas instalaciones se vean sometidos en la fase procedimental que se sigue bajo el control de la Consejería de Industria y Transición Ecológica, a la llamada evaluación de impacto ambiental simplificada mediante la presentación de un estudio ambiental; y 2º) que los estudios de implantación referidos a estas instalaciones se vean sometidos en la fase procedimental que se sigue bajo el control de los Ayuntamientos a un estudio de su compatibilidad con el planeamiento municipal urbanístico vigente. El problema ha devenido de los diferentes modos en que se ha regulado el uso del suelo en los diferentes planeamientos urbanísticos municipales respecto a las instalaciones relacionadas con la energía eléctrica (generación, distribución…), con el añadido de estar refiriéndonos ahora a una actividad, el almacenamiento, que por su modernidad, es muy novedosa en este país y cuyo uso no ha sido contemplado expresamente en los diferentes PGOU, encontrándonos por si ya fuera poca la dificultad jurídica, con algunas instalaciones de almacenamiento de energía que no se limitan a los contenedores de baterías, sino que añaden una subestación eléctrica con un centro transformador a alta tensión. En definitiva, los dos controles ya citados han resultado insuficientes para garantizar la seguridad jurídica necesaria que evite que los municipios del Principado de Asturias parezcan en esta materia pequeños reinos de taifas a la hora de emitir sus informes sobre la compatibilidad urbanística de esta actividad con su regulación del suelo no urbanizable, con unos vecindarios amparados en su calidad ambiental por una regulación normativa determinada en cuanto al planeamiento urbanístico aplicable a esta actividad, y otros, aun colindantes, y ambos en el medio rural, a otra diferente.

Es por ello que primero la Cuota en su Permanente de 31 de julio de 2024 trató con una Instrucción de dejar patente la naturaleza industrial de este tipo de actividad, señalando que no se puede considerar adecuado dejar exclusivamente en manos de la iniciativa empresarial de los promotores las decisiones sobre la ordenación territorial para la instalación de este tipo almacenes energéticos, o cuando señala que estas instalaciones han de garantizar su compatibilidad con la morfología del medio rural asturiano, sin que su implantación suponga una proliferación desordenada de estos elementos en el medio rural, por lo que resultará necesario “limitar las posibles perturbaciones sobre el paisaje rural y sus usos sociales tradicionales”.

Tras esa Instrucción, no le ha quedado más remedio a la Administración Autonómica que usar de la facultad legal de iniciativa legislativa que le corresponde por razón de la materia, y tomar la decisión de elaborar unas Directrices Sectoriales al objeto de regular el impacto territorial de las citadas instalaciones de almacenamiento de energía “stand alone”, instrumento que se elaborará al amparo del artículo 30 del TROTU (Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril)., y que buscan un uso racional del territorio por parte de esas instalaciones en relación a su emplazamiento que las haga compatibles con la salud pública y el medio ambiente del ámbito rural asturiano, tal y como ya se hizo previamente con la energía eólica.

Serán ahora las dos Consejerías implicadas en la materia, quienes tratarán conjuntamente de elaborar y aprobar esas Directrices Sectoriales que resultan imprescindibles para afrontar toda esta problemática, pues contendrán la determinación territorial de las llamadas zonas de exclusión, es decir áreas superficiales debidamente georreferenciadas en planos y nominadas en el planeamiento con sus topónimos, en las que en atención a diversos niveles de protección en el suelo no urbanizable, no se podrán ubicar este tipo de instalaciones. La relevancia jurídica por tanto de las zonas de exclusión es decisiva en la materia que nos ocupa pues basta ver como precedente normativo lo que dispone La Directriz 3ª apartado 2 del Decreto 42/2008 de 15 de mayo que recoge las Directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio para el aprovechamiento de la energía eólica, según la cual: “La Zona de Exclusión no se considera adecuada para el desarrollo de actividades eólicas con carácter industrial, pudiendo autorizarse exclusivamente la instalación de dispositivos eólicos de baja potencia que suplan deficiencias en el abastecimiento.

En concordancia con ello, se considerarán actividades prohibidas la instalación de cualquiera los diferentes tipos de parques eólicos definidos en la Directriz 1ª”. Pero antes de comenzar con la elaboración de ese instrumento de ordenación del territorio denominado Directrices Sectoriales, la Administración competente en ordenación del territorio ha tenido que abordar previamente otra tarea para garantizar el interés general, en concreto la modificación del artículo 51 del ROTU relativo a la suspensión del acuerdo aprobatorio del título habilitante urbanístico, en este caso para el desarrollo de la actividad de almacenamiento de energía eléctrica mediante una plante BESS en su modalidad “stand alone”. Los títulos habilitantes urbanísticos cuyo otorgamiento quedarán en suspenso con la modificación del artículo 51 del ROTU serían en principio los acuerdos municipales plenarios acordados en los respectivos Ayuntamientos aprobando de manera definitiva los estudios de Implantación como instrumento urbanístico que resulta preceptivo en el ámbito municipal para poder obtener la debida autorización de dicha instalación en el suelo no urbanizable, todo ello de conformidad con lo acordado por la Permanente de La Cuota el 31 de julio de 2024. Los estudios de Implantación vienen regulados en los artículos 71, 90 y 128.3 del TROTU (Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril) y en los artículos 118 y siguientes del ROTU (Decreto 63/2022 de 21 de octubre).

Por lo tanto quedan al margen de esta suspensión las solicitudes de autorización previa para este tipo de actividad que comienzan su tramitación ante la Consejería de Industria y Transición ecológica al amparo normativo:

A) del artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico

B) del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y

C) por la ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental en relación a la tramitación del informe de impacto ambiental en el procedimiento de evaluación ambiental simplificada que se regula en los artículos 45 y siguientes de dicho texto legal.

La tramitación de las solicitudes referidas a estas autorizaciones se lleva a cabo ante:

1º) La Dirección General de Energía y Minería (admisión a trámite del proyecto e información pública por 30 días)

2º) La Dirección General de Calidad Ambiental (presentación del estudio ambiental por parte de la promotora, información pública por 20 días, solicitud de informes a otras administraciones afectadas como Cuota, Ayuntamiento, CHC, Servicio de Política Industrial, Sanidad Ambiental etc, y resolución del trámite de evaluación ambiental simplificada), y

3º) La Consejería titular de Industria y Transición Ecológica, que emite la resolución final del expediente de autorización previa. En todo este procedimiento que según el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, busca otorgar a la empresa autorizada “el derecho a realizar una instalación concreta en determinadas condiciones”, el Ayuntamiento correspondiente al Concejo de ubicación del emplazamiento prioritario de la instalación, solo interviene en la fase de evaluación ambiental cuando es requerido para que informe al efecto sobre la compatibilidad de su planeamiento urbanístico con dicha actividad respecto al uso del suelo previsto para la parcela de emplazamiento propuesto por la promotora. No debemos obviar por tanto el hecho de que la tramitación administrativa de las autorizaciones solicitadas en ambos ámbitos, autonómico (Industria) y municipal (Ayuntamientos), aun referidas a la misma instalación y al mismo promotor, discurren en cambio por caminos procedimentales diferentes e independientes cuando curiosamente el proyecto básico presentado ante La Consejería de Industria, y el estudio de implantación presentado ante el Ayuntamiento, aún sin ser idénticos, sí dispondrán de un contenido fáctico, técnico y jurídico que girarán sobre un mismo fundamento, y lo más relevante, sobre un mismo emplazamiento prioritario. Hemos de tener en cuenta que hasta ahora, si bien este artículo 51 del ROTU ya contemplaba la suspensión de títulos habilitantes urbanísticos, sin embargo solo se facultaba esta posibilidad a la Cuota desde la aprobación inicial de un instrumento de ordenación del territorio como pueden ser las citadas Directrices Sectoriales. El problema surge pues durante aquel periodo que discurre desde el momento en que se acuerda comenzar con la elaboración y tramitación de esas Directrices hasta su aprobación inicial por la Cuota (todo el periodo que incluye el estudio de un Avance de Las Directrices, el trámite de someter a información pública ese Avance con trasl onas. En caso de revisar la documentación presentada por empresas que ponen por delante su preocupación por obtener el máximo beneficio en el menor tiempo posible, aún a costa de poner en riesgo la salud de las personas, es deber de la administración anular el procedimiento y archivarlo, al menos, hasta que las “tecnologías innovadoras” a las que aluden, vengan avalados con suficientes estudios contrastados que certifiquen su seguridad e inocuidad.

SEGUNDA.- Adecuación del artículo 51 del ROTU a la Ley 7/2024 de 20 de diciembre de proyectos de interés estratégico.

Teniendo en cuenta que con posterioridad a la consulta pública previa de la modificación del artículo 51 del ROTU, se ha aprobado una ley con decisiva influencia sobre la ordenación del territorio, y que puede dar cobijo legal a los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica BESS en su modalidad “stand alone” si así lo decidiese el Consejo de Gobierno, conviene que el ROTU afronte una adecuación a esa nueva norma reguladora de los proyectos de interés estratégico regional, y que ha sido aprobada con un importante consenso de los diferentes grupos parlamentarios, pero que ha supuesto lamentablemente una nueva alarma social al respecto. La reducción de los requisitos establecida en el artículo 4.4, como la excepcionalidad fijada en el artículo 4.5 de esta ley, donde se anula cualquier requisito para la declaración estratégica por El Consejo de Gobierno de un proyecto “por su carácter innovador, su capacidad de dinamización social, su contribución a la cohesión territorial o a la sostenibilidad medioambiental o su capacidad de mantener o generar un número significativo de empleos, directos o indirectos, en sectores estratégicos”; si bien responde por supuesto a facilitar la implantación en nuestro territorio de actividades industriales relevantes e importantes para el desarrollo industrial del Principado de Asturias, al final, y no sin razón, ello ha generado a la vez la duda en la población de que bajo el amparo de aquellos preceptos ello pueda suponer una mala utilización de la Ley PIER por parte de algunas empresas promotoras y que usen esta facultad legal para tratar de que sean amparados legalmente por dicha norma los proyectos de sistemas de almacenamiento de energía BESS en su modalidad “stand alone”. La Administración puede asegurar y afirmar a la ciudadanía que ello no será así, que no es ni su intención ni la ratio de esta ley, pero esto no es suficiente evidentemente, esto debe de resolverse legislativamente o con acuerdos administrativos vinculantes para que la población asturiana tenga seguridad de que será así, y una manera muy eficaz de conseguirlo es declarar a las zonas de exclusión que sean fijadas en las futuras Directrices Sectoriales como suelos no urbanizables de especial protección y excluidos de la aplicación de esta ley según la excepción territorial que viene recogida en el artículo 5.2, e) bloque de ordenación del territorio, apartado 2º, párrafo segundo de dicho texto legal. Ello reafirmará el compromiso de los poderes públicos de este territorio de que bajo el amparo de esa ley, el Consejo de Gobierno nunca podrá amparar una instalación de ese tipo en una de las zonas de exclusión fijadas en las citadas Directrices Sectoriales, pues no olvidemos que el párrafo segundo del artículo 5.4 de dicha ley señala que: “Cuando el proyecto presentado para la declaración de PIER fuera disconforme con la ordenación territorial o urbanística en vigor, el proyecto se someterá a información pública por un plazo de veinte días”. La propia ley contempla por tanto que incluso se puedan llegar a presentar, tramitar y luego autorizar proyectos en emplazamientos que puedan ser disconformes con unas Directrices Sectoriales, y por supuesto con un PGOU, pues nada dice la ley de que los informes del Ayuntamiento y Cuota, de ser negativos, vayan a ser vinculantes. Asimismo, el artículo 7.3 señala: “En el supuesto de que el PIER se desarrolle sobre terrenos no reservados por los instrumentos de ordenación urbanística y/o territorial para los usos e intensidades previstos, la declaración de PIER prevalecerá sobre dicho planeamiento, teniendo el PIER la consideración, a los efectos de lo establecido en la legislación en materia ambiental, territorial y urbanística, de compatible urbanísticamente conforme a lo establecido en la ordenación urbanística y territorial”. La facultad legal otorgada al Consejo de Gobierno ha sido sin ninguna duda desmesurada y desproporcionada traduciéndose en una carta blanca y un comodín para autorizar un proyecto allí donde lo estime oportuno. Por ello, y mientras la nueva ordenación territorial entre en vigor, y fije el criterio de calificar a las zonas de exclusión como zonas de suelo no urbanizable de especial protección a los efectos de lo establecido en dicha ley, ha de asegurarse que el interés general del medio rural asturiano no se vea afectado y evitar perjuicios de imposible reparación, aclarando de manera expresa que quedan incluidos en la suspensión del otorgamiento de licencias o los títulos administrativos habilitantes que las sustituyan, los que se puedan emitir por el Consejo de Gobierno al amparo de la Ley 7/2024 de 20 de diciembre de proyectos de interés estratégico.

Por ello solicitamos una aclaración a los apartados 1 y 2 del artículo 51 del ROTU, reseñadas en negrita, y que quedarían como sigue:

“Cuando razones imperiosas de interés general lo requieran y de acuerdo con los principios de necesidad y proporcionalidad, el órgano competente para acordar la iniciativa o la formulación de los instrumentos de ordenación territorial, podrá establecer de forma motivada la suspensión del otorgamiento de licencias y títulos administrativos habilitantes que las sustituyan, incluidos los que se puedan emitir al amparo de la Ley 7/2024 de 20 de diciembre de proyectos de interés estratégico, justificando la concurrencia de tales razones y por qué es necesaria y proporcional dicha suspensión para estudiar su formulación o reforma…”.

“La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias, en el acuerdo de aprobación inicial de los siguientes instrumentos de ordenación territorial, podrá establecer la suspensión del otorgamiento de licencias y títulos administrativos habilitantes que las sustituyan, incluidos los que se puedan emitir al amparo de la Ley 7/2024 de 20 de diciembre de proyectos de interés estratégico, conforme a las siguientes reglas…”

Para el caso de no ser atendida esta alegación, solicitamos de manera subsidiaria, que de manera inmediata La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias alcance un acuerdo por el que se inste al Consejo de Gobierno a que mientras se elaboran, tramitan y aprueben definitivamente las nuevas Directrices Sectoriales, no se habilite ningún proyecto de almacenamiento de energía BESS en su modalidad “stand alone” bajo el amaro de Ley 7/2024 de 20 de diciembre de proyectos de interés estratégico.

TERCERA.- La Administración Pública debe de actuar de acuerdo con los principios de eficacia, y coordinación (art. 103 CE).

Obligación de congruencia en las decisiones adoptadas por La Administración Pública. Necesidad de que en el caso de acuerdo por parte de la administración autonómica del inicio de un nuevo instrumento de ordenación territorial, el ayuntamiento se abstenga de certificar o informar en el trámite de evaluación ambiental simplificada hasta en tanto se alza la suspensión del artículo 51 del ROTU. El artículo 45 de la ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental, regula la solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada, recogiendo el contenido del documento ambiental referido al proyecto básico presentado ante La Consejería de Industria, documento ambiental en el que se incluye la debida “descripción de la ubicación del proyecto, en particular por lo que respecta al carácter sensible medioambientalmente de las áreas geográficas que puedan verse afectadas, así como “una exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero, y una justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales”. Si aplicamos la ley 1/2023 de 15 de marzo de calidad ambiental del Principado de Asturias, el artículo 26 exige que: “Con carácter previo a la presentación de la solicitud de autorización ambiental integrada será preceptivo solicitar del ayuntamiento en cuyo territorio se pretenda ubicar la instalación la emisión de un certificado acreditativo de la compatibilidad urbanística y de las ordenanzas municipales”.

Su apartado 4 que señala a su vez que: “Cuando se trate de una autorización ambiental simplificada y el certificado de compatibilidad urbanística sea negativo porque se trate de un uso prohibido, con independencia del momento en que se haya emitido, pero siempre que se haya recibido por el órgano sustantivo ambiental con anterioridad al otorgamiento de la autorización ambiental integrada simplificada, este dictará resolución motivada que ponga fin al procedimiento y procederá al archivo de las actuaciones, previo trámite de audiencia al solicitante”, y así el 5 : “En el caso de que el certificado de compatibilidad urbanística fuera negativo por tratarse de un uso no compatible y la propia norma urbanística municipal contemplase la posibilidad de autorización de usos no compatibles mediante la tramitación de un instrumento de planeamiento, la tramitación del procedimiento de autorización ambiental integrada simplificada proseguirá, quedando la eficacia de la resolución en suspenso hasta la aprobación del instrumento de planeamiento en el que se alcance la compatibilidad urbanística”. A su vez, el artículo 46 de la ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental regula la consulta a efectuar a las Administraciones Públicas afectadas, las cuales deben de pronunciarse en el plazo de 20 días hábiles.

Entre esas Administraciones se suele encontrar el Ayuntamiento de ubicación de las diferentes alternativas de los emplazamientos propuestos en el estudio ambiental para la instalación objeto del mismo, informando el Ayuntamiento sobre la normativa aplicable al mismo desde el punto de vista urbanístico y todas aquellas cuestiones que afectan a la compatibilidad urbanística de esta instalación con el uso del suelo regulado en su planeamiento urbanístico. Asimismo, si analizamos el precedente del Decreto 43/2008 de 15 de mayo relativo a la autorización de los parques eólicos en Asturias, observamos que su artículo 9.1. b) señala que: “si el informe urbanístico fuera negativo, con independencia del momento en que se haya emitido, pero siempre que se haya recibido en la Comunidad Autónoma con anterioridad al otorgamiento de la autorización administrativa, el órgano competente en materia de energía dictará resolución motivada poniendo fin al procedimiento y archivará las actuaciones en lo que respecta al ámbito municipal afectado por la negativa”. Es muy probable, que en las futuras Directrices Sectoriales sobre los parques de baterías BESS en modalidad “stand alone” se decida incluir este mismo precepto, y así adecuarlo igualmente a lo que dispone al ya citado artículo 36.1 de la Ley 1/23 de 15 de marzo de calidad ambiental del Principado de Asturias. Queremos exponer con todo ello la relevancia jurídica que el emplazamiento de la instalación y la normativa urbanística municipal aplicable adquieren en este trámite ambiental de cara a la resolución final que se adopte, y como los Ayuntamientos adquieren tal protagonismo dada la relevancia del ámbito normativo urbanístico en esta fase procedimental. Por ello si cuando se inicia la elaboración de un nuevo instrumento de ordenación territorial como es el caso de unas Directrices Sectoriales, el Ayuntamiento pierde potestad de decisión en el ámbito urbanístico al quedar inhabilitado para otorgar licencia o el título habilitante urbanístico a tenor del acuerdo de suspensión previsto en el nuevo apartado 1 del artículo 51 del ROTU, y si lo mismo ocurre desde la aprobación inicial de un nuevo instrumento de ordenación territorial según lo dispuesto en la suspensión que recoge el apartado 2 de ese mismo artículo, carece de todo sentido jurídico que el Ayuntamiento pueda estar habilitado en cambio para emitir durante ese periodo un certificado o un informe sobre la compatibilidad urbanística del emplazamiento de la misma instalación en tanto el interés general del medio rural asturiano está en juego.

Si la Consejería de Ordenación del Territorio pretende que sus actuaciones tengan plena razón de ser en su ámbito competencial, y que la protección del interés general y del medio rural asturiano sea absoluta con la nueva suspensión introducida en el apartado 1 del artículo 51 del ROTU a razón de la elaboración y aprobación de unas Directrices Sectoriales, tiene que tener claro que se ha de efectuar una modificación normativa del mismo artículo impidiendo que el Ayuntamiento pueda pronunciarse sobre la compatibilidad urbanística de una instalación que se pretende emplazar en suelo no urbanizable y que pueda estar afectada por una de las zonas de exclusión fijadas en Las Directrices de la nueva ordenación territorial. No se trata por tanto de suprimir plenamente la competencia municipal urbanística en estos casos, sino proteger temporalmente el interés general de la misma manera que lo pretende hacer el artículo 51 del ROTU, evitando así certificados o informes municipales que resulten contrarios a la nueva ordenación territorial que se pretende. Una vez alzada la suspensión, el Ayuntamiento podrá certificar o informar conforme ya a la nueva ordenación territorial y a su planeamiento urbanístico.

De conformidad con lo expuesto, solicitamos con carácter principal la inclusión de un nuevo apartado 9 en el artículo 51 del ROTU que quedaría como sigue:

“Cuando la solicitud de certificado urbanístico a que se refiere el artículo 36 de ley 1/2023 de 15 de marzo de calidad ambiental del Principado de Asturias, o la consulta al Ayuntamiento como Administración afectada a que se refiere el artículo 46 de La Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental, se efectúen tras el acuerdo de suspensión a que se refiere este artículo, y el estudio ambiental de la actividad objeto de consulta se vea afectado por la nueva ordenación territorial por razón de la materia, el Ayuntamiento se abstendrá de emitir certificado o informe al respecto limitándose a comunicar a la Administración ambiental que esa actividad se encuentra afecta por la suspensión acordada al amparo de este artículo, y que solo podrá certificar o informar al respecto una vez se alce la suspensión ”.

En el supuesto de no atenderse esta alegación, solicitamos de manera subsidiaria que por La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias se acuerde de manera inmediata una instrucción por la que se indique a los Ayuntamientos que a partir del inicio de la elaboración de Las Directrices Sectoriales reguladoras de la actividad de almacenamiento de energía eléctrica BESS en modalidad “stand alone”, si el Ayuntamiento recibe el requerimiento de certificado urbanístico del artículo 36 de la Ley 1/2023 de calidad urbanística ambiental o el de consulta al que se refiere el artículo 46 de La Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental, y el estudio ambiental de la actividad objeto de consulta se vea afectado por esa nueva ordenación territorial por razón de la materia, el Ayuntamiento se abstenga de certificar o informar, y se limite a comunicar a la Administración ambiental que esa actividad se encuentra afecta por la suspensión acordada al amparo del artículo 51 del ROTU, y que solo podrá certificar o informar al respecto una vez se alce la suspensión”.

CUARTA.- Apartado nº 6 del art. 51 La suspensión a que se refieren los puntos 1 y 2 de este artículo se regirán por las siguientes disposiciones comunes:

6. La suspensión a que se refieren los puntos 1 y 2 de este artículo se regirán por las siguientes disposiciones comunes: a) La suspensión sólo se podrá predicar respecto a aquellas solicitudes presentadas con anterioridad al acuerdo que la motive y que aún estuviesen en plazo de ser resueltas.

Respecto a las solicitadas anteriormente sólo cabrá su revisión o el señalamiento de los extremos en que el proyecto es manifiestamente incompatible con el instrumento de ordenación en vigor, de acuerdo con el sentido del silencio que con carácter general regula este reglamento, sin perjuicio de los defectos subsanables.

Denunciamos la redacción de este apartado que resulta a todas luces y según las opiniones solicitadas a diferentes operadores jurídicos de muy dudosa cuando no imposible interpretación conforme a los principios generales establecidos en la doctrina jurídica administrativista

En todo caso, y dado que el Gobierno de Asturias ha dejado transcurrir más de un año y medio desde la fecha de presentación de las primeras solicitudes para estos parques sin que se adoptarse acuerdo alguno, el presente decreto pudiera resultar totalmente inoperativo y falto de eficacia para la mayoría de las que se encuentran en tramitación, con lo que se posibilitaría la concesión de las licencias y la aprobación de los planes especiales. Razón por la cual, de existir una voluntad política de impedir la implantación de dichos parques en suelo no urbanizable y de que se continúe con la tramitación de los expedientes , debe de establecerse en este decreto una regulación “ad hoc” para estos supuestos.

A estos fines, proponemos modificar la redacción de la letra a), del apartado 6 del artículo 51, en el siguiente sentido:

6. La suspensión a que se refieren los puntos 1 y 2 de este artículo se regirán por las siguientes disposiciones comunes:

a) La suspensión sólo se podrá predicar respecto a aquellas solicitudes presentadas con anterioridad al acuerdo que la motive y que aún estuviesen en plazo de ser resueltas. A este respecto, estarán en plazo de ser resueltas y, en consecuencia, afectadas por la suspensión, todas las solicitudes referidas a usos que tengan la consideración de incompatibles y que no cuenten con un Plan Especial y/o un Estudio de Implantación aprobado definitivamente con anterioridad al acuerdo que motive dicha suspensión.

QUINTA.- Solicitamos una ampliación del apartado 7 que resaltamos en negrita, y que quedaría como sigue:

“Los peticionarios de licencias o títulos habilitantes que las sustituyan solicitados con anterioridad a la publicación de la suspensión tendrán derecho a ser indemnizados del coste de los proyectos y a la devolución de las tasas municipales, si se comprueba que el proyecto para el que se solicitó la licencia o el título se ajustaba a la ordenación territorial vigente en el momento de la presentación de la solicitud, y no es compatible con la que resulte aplicable tras el levantamiento de la suspensión, sin perjuicio de otras responsabilidades a que hubiere lugar. En el caso de Directrices Sectoriales, y respecto a aquellas solicitudes presentadas tras el acuerdo de suspensión a que se refiere el apartado primero de este artículo, no habrá en ningún caso derecho a indemnización si todas las alternativas de emplazamiento de la instalación objeto del proyecto quedasen inclusas en las zonas de exclusión fijadas en el nuevo instrumento de ordenación territorial que motivó la suspensión, aun en el caso de que en el momento de presentación de la solicitud el proyecto para el que se solicitó la licencia o el título se ajustaba a la ordenación territorial vigente, y que su solicitud quede en suspenso tras el acuerdo de suspensión a que se refiere el apartado segundo de este artículo. Para ver reconocido el derecho a la indemnización será preceptivo un informe previo emitido por parte del Ayuntamiento correspondiente al Concejo de ubicación de la propuesta prioritaria de emplazamiento del proyecto, y relativo a determinar si el proyecto para el que se solicitó la licencia o el título se ajustaba a la ordenación territorial vigente en el momento de la presentación de la solicitud. El importe de la indemnización habrá de ser abonado por la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo. La indemnización lo será igualmente por la parte de los proyectos que hubiere de ser rectificada para adecuarse a las determinaciones de la nueva ordenación en curso. A los efectos de la posible indemnización, no se tendrán en cuenta los defectos subsanables del proyecto presentado. En su caso, la devolución contemplará también los demás tributos que hubieran satisfecho los peticionarios, y se articulará a través de un expediente contradictorio sometido a las reglas comunes de procedimiento, sin perjuicio de que, de reclamarse otros conceptos, pueda tramitarse acumuladamente en un procedimiento de responsabilidad patrimonial”.

Entendemos que con las ampliaciones propuestas se evita un “efecto llamada” para que algunas promotoras en lugar de buscar la viabilidad urbanística de sus estudios de implantación, solo busquen en realidad quedar bajo el amparo del sistema indemnizatorio previsto en el artículo 51 del ROTU, y ver resarcidos así los gastos en que hubieren incurrido a pesar de tener perfecto conocimiento de que su proyecto no era urbanísticamente viable. Ello es así, pues tras el acuerdo de suspensión previsto en el apartado primero de este artículo, y existiendo conocimiento por parte de las promotoras de que ello viene motivado por unas futuras Directrices Sectoriales en las que se fijarán zonas de exclusión, insistir en presentar estudios de implantación tras ese acuerdo de suspensión con emplazamientos situados en suelo no urbanizable en el entorno de los núcleos rurales solo puede deberse no a buscar la viabilidad urbanística de su proyecto, sino a ser indemnizado a posteriori una vez su solicitud quede en suspenso una vez se acuerde la suspensión prevista en el apartado 2 del artículo 51 del ROTU. Si todos los emplazamientos propuestos en las diversas alternativas de un estudio de implantación acaban quedando inclusos en las zonas de exclusión fijadas por Las Directrices Sectoriales, no puede haber duda de que presentado un estudio de implantación tras haberse dictado el acuerdo de suspensión previsto en el apartado primero de este artículo 51, esa presunción sería correcta y por tanto no podría generar a la promotora derecho alguno a una indemnización a pesar de que su solicitud quede en suspenso posteriormente cuando se acuerde la suspensión prevista en el apartado 2 del artículo 51 del ROTU. Lo que se debe de exigir a las promotoras es que tras haberse dictado el acuerdo de suspensión previsto en el apartado primero de este artículo 51, analicen sus propuestas de emplazamiento, y si se diera el caso de que estas se ubican todas ellas en el suelo no urbanizable cercano a los núcleos rurales, o incluso en el mismo núcleo rural; que no insistan en presentar un estudio de implantación con tales emplazamientos, sino que procedan a suprimirlos y buscar otros que a tenor de lo acordado por La Cuota en su Permanente de 31 de julio de 2024 puedan suponer una viabilidad urbanística de dichos estudios. Asimismo y en los demás casos, ampliamos las garantías jurídicas de cara al reconocimiento del derecho a la indemnización y devolución, siempre al objeto de evitar enriquecimientos injustos o sin causa, estableciendo como preceptivo un informe por parte del Ayuntamiento relativo a determinar si el proyecto para el que se solicitó la licencia o el título, se ajustaba a la ordenación territorial vigente en el momento de la presentación de la solicitud. Hemos de tener en cuenta que aunque los emplazamientos propuestos en los estudios de implantación no acaben inclusos en las zonas de exclusión fijadas por Las Directrices Sectoriales, eso no supone en modo alguno que se tenga por acreditado que el proyecto para el que se solicitó la licencia o el título se ajustaba a la ordenación territorial vigente en el momento de la presentación de la solicitud. En caso de no ser atendida esta alegación, solicitamos de manera subsidiaria al órgano de Ordenación del Territorio competente para resolver sobre las peticiones de indemnización conforme a los apartados 7 y 8 del artículo 51 ROTU, que en el caso de Directrices Sectoriales, y respecto a aquellas solicitudes presentadas tras el acuerdo de suspensión a que se refiere el apartado primero del artículo 51 del ROTU, acuerde que no habrá en ningún caso derecho a indemnización si todas las alternativas de emplazamiento de la instalación objeto del estudio de implantación quedasen inclusas en las zonas de exclusión fijadas en el nuevo instrumento de ordenación territorial que motivó la suspensión, aun en el caso de que en el momento de presentación de la solicitud el proyecto para el que se solicitó la licencia o el título se ajustaba a la ordenación territorial vigente, y que su solicitud quede en suspenso tras el acuerdo de suspensión a que se refiere el apartado segundo de este artículo. Asimismo, que para ver reconocido el derecho a la indemnización será preceptivo un informe previo emitido por parte del Ayuntamiento correspondiente al Concejo de ubicación de la propuesta prioritaria de emplazamiento del proyecto, y relativo a determinar si el proyecto para el que se solicitó la licencia o el título se ajustaba a la ordenación territorial vigente en el momento de la presentación de la solicitud.

Por todo ello SOLICITAMOS que se tenga por presentado este escrito y por formuladas las alegaciones que contiene, que se presentan en tiempo y forma, que sean estimadas las mismas y que se modifique en el sentido argumentado el proyecto sometido a consulta, adecuándose a la obligada motivación prevista en la regulación procedimental que es específica y, teniéndome por parte interesada, nos den traslado de la resolución que recaiga en el presente procedimiento administrativo.

OTRO SÍ DICE: Que es preciso una respuesta razonada a estas alegaciones de acuerdo a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La falta de respuesta es motivo de nulidad de la tramitación.

En Avilés a de 7 de febrero del 2025

Fdo. Fructuoso Pontigo Concha en representación de la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies