Confederación Hidrográfica del Cantábrico

Expediente H/33/06188.

La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, con domicilio a efecto de notificaciones postales en la calle Padre Teral nº 26 - Q de Villalegre, en Avilés y con el correo electrónico correo@coordinadoraecoloxista.org, entidad inscrita en el registro de Asociaciones del Principado de Asturias con el nº 11760 sección primera con CIF - G33247891 y, en su representación, Fructuoso Pontigo Concha, con DNI 11393200-N, ante esta Unidad Administrativa comparece y, como mejor proceda en Derecho,

Con motivo del trámite de audiencia de la extinción concesional de la Central Hidroeléctrica de Valduno II, en el Río Nalón, que afecta a los concejos de Grado y Las Regueras y que se nos comunico el pasado 16 de enero del 2025.

EXPONE:

1º Que se ratifica en todas y cada una de las cuestiones remitidas a lo largo de la tramitación de este expediente de extinción, especialmente en cuanto a la incompatibilidad ambiental de esta explotación de Valduno II.

2º Que el informe remitido por la Sra. Jefa del Servicio Técnico adolece de graves errores. Uno de los principales es que se recoge que el hecho de llevar en explotación 25 años haya conseguido una suerte de compatibilización con la Red Natura y sus estrictos y vinculantes criterios normativos, es más con efecto de primacía sobre cualquier otra consideración del Derecho de un Estado miembro.

Recordamos que para este tramo del Nalón, se encuentra protegido por el Decreto 125/2014, de 17 de diciembre, que declara la Zona Especial de Conservación (ZEC) de Río Nalón (ES120009) y se aprueba su I Plan de Gestión (BOPA de 23 de diciembre de 2014)1 https://naturalezadeasturias.es/upload/d-125-2014-zec-1200029.pdf .

Sobre estas especies migradoras, el anexo de este Decreto dispone lo siguiente sobre estas especies objeto de protección jurídica2 De acuerdo con el art. 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y Biodiversidad (LPNB) (la negrita es nuestra): "Medidas de conservación de la Red Natura 2000. 1. Respecto de las ZEC y las ZEPA, la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, fijarán las medidas de conservación necesarias, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las especies presentes en tales áreas (...) 2. Igualmente, las Administraciones competentes tomarán las medidas apropiadas, en especial en dichos planes o instrumentos de gestión, para evitar en los espacios de la Red Natura 2000 el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de las especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de estas áreas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la presente ley". , gracias al establecimiento de "objetivos de conservación"3 El art. 3 de la LPNB lo define así: "25. Objetivo de conservación de un lugar: niveles poblacionales de las diferentes especies así como superficie y calidad de los hábitats que debe tener un espacio para alcanzar un estado de conservación favorable". y su "garantía de conservación" y un "estado de conservación favorable"4 Sobre la permeabilización de las presas u otros obstáculos a la migración de estos peces, se ha dictado la STSJ del País vasco, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, de 17 de octubre de 2019, en concreto sobre la ZEC del río Araxes, en esta misma Demarcación Hidrográfica del Cantábrico. A mayor abundamiento, la STS, Sala 3ª, Sección 5ª, de 14 de abril de 2004 (rec. 665/2001), en un caso también de esta Demarcación Hidrográfica, subraya la importancia del paso de los peces migradores por las escalas ícticas: "La Resolución dictada por la Confederación Hidrográfica constituye la respuesta a una previa solicitud de la recurrente en instancia, de fecha 29 de marzo de 1998, con la que se pretendía «facilitar las migraciones de las especies piscícolas, especialmente los salmónidos, superando el obstáculo que presenta la presa existente» (...) esto es, para poder conseguir la subida de los salmones, y otros peces, por la escala que se autorizaba, resultaba imprescindible el mantenimiento de un caudal complementario, que habría discurrir por la escala, y que fue calculado técnicamente, sin cuyo establecimiento la autorización carecería de sentido por cuanto la subida y migración piscícola resultaría inviable" (FJ 4). Asimismo, en su FJ 5 afirma: " no debiendo olvidarse que es justamente la construcción de la presa o azud la inicial circunstancia que altera el inveterado peregrinar salmónido fluvial" , del que entre otros criterios y a los efectos de este escrito extraemos (la negrita es nuestra):

4.3. Gestión de especies Red Natura 4.3.1. Especies de fauna. Petromyzon marinus (Cod. 1095), Alosa alosa (Cod. 1102), Salmo salar (Cod. 1106), Presiones y amenazas: Generales. 1. Contaminación y pérdida de calidad de las aguas causada por: c. Por modificaciones de las características físicas y químicas del agua debidas a la presencia de presas y embalses, etc. 2. Canalización artificial de los cauces por suponer: b. La alteración del cauce. 3. Alteración del caudal ecológico por: a. La regulación del nivel de agua en presas. b. Las captaciones de agua para usos urbanos, industriales y agrícolas. Específicas para la especie Petromyzon marinus (Cod. 1095): 1. Presencia de obstáculos artificiales, presas, saltos de agua u otros obstáculos, principalmente en los cursos bajos de los ríos, que impiden alcanzar los lugares naturales de reproducción. Específicas para la especie Alosa alosa (Cod. 1102): 2. Presencia de obstáculos artificiales (presas, saltos de agua u otros obstáculos), principalmente en los cursos bajos de los ríos, que impiden alcanzar los lugares naturales de freza. Específicas para la especie Salmo salar (Cod. 1106): 2. Presencia de obstáculos artificiales como presas, saltos de agua u otros obstáculos que impiden los movimientos migratorios de los salmones.

Y en su Anexo VI se incluye:

“ACTIVIDADES QUE NO REQUIEREN EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES SOBRE LA RED NATURA 2000

Actividades que no requieren evaluación por su ubicación en el ámbito de la ZEC

(…)

Otras actuaciones que no requieren evaluación de repercusiones

Actividades de conservación de hábitat y especies y de manejo de poblaciones silvestres:

1. Acciones activas de conservación de hábitat o taxones recogidos en la Directiva Hábitat y/o Aves llevadas a cabo por la Dirección General competente en la gestión de la Red Natura 2000, incluyendo actuaciones de eliminación de obstáculos en ríos, obras de mejora de cauces o de restauración forestal, etc.”.

Sobresale el que haya sido el órgano competente del Principado el que apueste por la eliminación de esta presa. Sin embargo, la CHC desdeña esta apreciación y hace suyos argumentos falaces como los siguientes:

.- Pág. 28: Sobre los caudales ambientales dice que habría que estar a una nueva concesión, pero ¿y la actual?:

.- Pág. 32: Dice que al respecto de los movimientos de sedimentos posteriores a la eventual demolición de la presa “De estos informes no se desprende por tanto una necesidad imperiosa de eliminar el azud, más bien al contrario se pone de manifiesto las posibles afecciones, aún desconocidas, que tendría su posible eliminación”.

Esta afirmación apodíctica incurre en una tautología y contradicción. Es decir, no aporta nada, se basa en sí misma, y se contradice con la mera estructura lógica de la conclusión a la que llegar: mantener la presa. La irracionalidad administrativa y la desviación de poder que implica esta carencia de motivación5 Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo del 19 de febrero del 2013 (rec. 6429/2011). , absolutamente prohibida en nuestro Ordenamiento a las Administraciones públicas conlleva el que se diga que no se demuele la presa porque no sabemos qué efectos tendrá, efectos que no se han estudiado en el momento de argumentar que ha de mantenerse, siendo este el momento de su valoración. La CHC no valora porque no quiere valorar. Lo dicho a los efectos de la nulidad del acto administrativo y la exigencia de motivación (art. 35 y 45 de la LPAC)6 De acuerdo con la Sentencia nº 713/2020 de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, de 9 de junio de 2020, la motivación de los actos administrativos, presenta las siguientes particularidades: La motivación de los actos administrativos “…constituye un requisito imprescindible en todo acto administrativo en la medida en que supone la exteriorización de las razones que sirven de justificación o fundamento a la concreta solución jurídica adoptada por la Administración”. Se trata de un “…requisito, de obligado cumplimiento en el específico marco que nos movemos conforme preceptúa el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común…”. En cuanto a la defensa del administrado “…resulta de especial relevancia desde la perspectiva de la defensa del administrado ya que es la explicitación o exteriorización de las razones de la decisión administrativa la que le permita articular los concretos medios y argumentos defensivos que a su derecho interese y, además, permite que los Tribunales puedan efectuar el oportuno control jurisdiccional.” “La exigencia de motivación no exige, empero, una argumentación extensa, sino que, por contra, basta con una justificación razonable y suficiente que contenga los presupuestos de hecho y los fundamentos de Derecho que justifican la concreta solución adoptada.” Es decir, se reduce a la expresión de las razones que permiten conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión. Mientras que, de conformidad con la Sentencia del Tribunal Supremo, rec. 161/2009, de 11 de febrero de 2011, ECLI:ES:TS:2011:555, “…la motivación puede contenerse en el propio acto, o bien puede realizarse por referencia a informes o dictámenes, ex artículo 89.5 de la Ley 30/1992 [art. 88.6 de la LPAC], cuando se incorporen al texto de la misma. Ahora bien, esta exigencia de la incorporación de los informes, contenida en el mentado artículo 89.5 in fine, ha sido matizada por la jurisprudencia de este Tribunal Supremo—sentencias de 21 de noviembre de 2005, 12 de julio de 2004, 7 de julio de 2003, 16 de abril de 2001 y 14 de marzo de 2000—en el sentido de considerar que si tales informes constan en el expediente administrativo y el destinatario ha tenido cumplido acceso al mismo, la motivación mediante esta técnica in aliunde satisface las exigencias de la motivación, “pues permite el conocimiento por el receptor del acto de la justificación de lo decidido por la Administración”. .

Sin embargo, existen ejemplos que la CHC no puede desconocer de valoración de la movilización de sedimentos que de modo ejemplar se han desarrollado en la Demarcación, como los del río Urumea y Bidasoa, objeto de diversos proyectos de renaturalización modélicos en España y la UE. Se colige pues que en Oviedo se está a años luz de lo que se hace en otros lugares. Nos remitimos a los estudios del CIREF7 www.cirefluvial.com y a otros8 Ollero, A. et al. (2014): Geomorfología y restauración fluvial: seguimiento del derribo de presas en Gipuzkoa, en “Cuadernos de Investigación Geográfica”, nº 40-1: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4846773 Brufao Curiel, P. (2024): Los sedimentos como condicionantes de las concesiones de aguas, en “Actualidad Jurídica Ambiental”, nº 151: https://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2024/12/2024-12-10-Brufao-Sedimentos-aguas.pdf . Y esta explotación de Valduno II recordamos que fue objeto de sanción al respecto sobre los sedimentos9 Los sedimentos adolecen de graves problemas en el Nalón: https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2023/08/29/ecologistas-tildan-ridicula-multa-impuesta-chc-presa-valduno-2-nalon/00031693301941189907579.htm https://www.rtpa.es/noticias-asturias:Sedimentos-del-rio-Caudal-para-recuperar-el-cauce-del-Nalon_111678723939.html .

De todas formas, la movilización de sedimentos es la consecuencia lógica de la eliminación de la causa de su retención y de la alteración geomorfológica aguas abajo y arriba del obstáculo de la presa: no es un daño o efecto ambiental negativo el que se cambie la situación de los sedimentos, sino que es un proceso positivo: el daño es mantener la alteración y no lograr el que, aunque parcialmente, mejore la situación. Traemos a colación la gestión de las aguas de transición y la exigencia de que los sedimentos lleguen al mar, algo que olvida la CHC.

Produce sonrojo a su vez leer afirmaciones como ésta, carente de toda base científica y, en consecuencia, arbitrarias e ilegales, que motivaría la nulidad radical de pleno Derecho de la resolución que mantuviera la presa.

¿Qué es “amortizar” un impacto ambiental? Tal inefable afirmación desconoce de plano que los impactos ambientales se producen durante la fase de explotación (arts. 35 y 45 de la Ley 21/2013, de impacto ambiental). Ese craso error va contra la lógica de las cosas igualmente: un no por prolongado un daño, éste deja de serlo: al revés, hay que eliminar la degradación sin demora. Por mera falsedad e ilegalidad innegable, tal criterio ha de rechazarse por la CHC, so pena de incurrir en la más absoluta arbitrariedad, sin paliativos. Una presa no está “integrada” en el ecosistema, es el ecosistema el que adolece de una barrera que lo degrada, máxime en una ZEC que promueve la eliminación de obstáculos.

Es más, la CHC los propios mandatos del TRLA acerca de la protección del DPH, los objetivos ambientales de la DMA y el Reglamento (UE) 2024/1991 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2024, relativo a la restauración de la naturaleza10 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2024-81191 , cuyo Considerando nº 28 dice (la negrita es nuestra):

“Los Estados miembros deben dar prioridad, según proceda, hasta 2030, a las zonas de los tipos de hábitats que no se encuentren en buena condición y que estén situadas en espacios Natura 2000 a la hora de establecer medidas de restauración, dado el papel esencial de dichos espacios en la conservación de la naturaleza y el hecho de que, con arreglo al Derecho de la Unión vigente, ya existe la obligación de establecer sistemas eficaces para garantizar la eficacia a largo plazo de las medidas de restauración en los espacios Natura 2000”.

Este Reglamento (cuya naturaleza jurídica impone su cumplimiento sin necesidad de transposición alguna por los Estados miembros) tiene como objetivo los ecosistemas fluviales y las barreras que los cercenan (art. 9) y en su Anexo VII añade como medidas:

Por otro lado, la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y Biodiversidad (LPNB), liga el concepto de protección ambiental a ciertos lugares, como son los ríos y las zonas de montaña con carácter “prioritario”.

Hay que tener en cuenta a la vez que hay la conectividad lateral y longitudinal, el transporte de sedimentos, las sueltas de agua al turbinar y sus tasas de cambio o fluctuación, el ciclo de energía natural del caudal, la captura del agua en la cámara de carga y los efectos de las líneas de transmisión de electricidad en el valle, así como la conexión con el mar.

Lo dicho se relaciona con el art. 126 bis. 4 y 6 del RDPH, acerca de la promoción de la eliminación de obras obsoletas del DPH y la “garantía” de la continuidad fluvial

Respecto de las concesiones, este criterio se basa en el art. 14. 3 del TRLA, sobre la compatibilidad ambiental de las explotaciones con la conservación y restauración de la Naturaleza11 :

"Artículo 14. Principios rectores de la gestión en materia de aguas.

El ejercicio de las funciones del Estado, en materia de aguas, se someterá a los siguientes principios:

1.º Unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, desconcentración, descentralización, coordinación, eficacia y participación de los usuarios.

2.º Respeto a la unidad de la cuenca hidrográfica, de los sistemas hidráulicos y del ciclo hidrológico.

3.º Compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza".

3º Los pretendidos valores económicos, en la Red Natura 2000, han de verse desplazados por los valores ambientales, como tajantemente dispone la Directiva de Hábitats de la UE y la jurisprudencia del TJUE.

La irrisoria cifra de 310.732,70 €/año o de 501.373,38 €/año en el mejor de los casos, ni añade ni quita nada a su irrelevancia jurídica, la única que importa, a la hora de respetar el Derecho de la UE frente a la discrecionalidad administrativa. Volvemos a recordarle a la CHC que ha de tener en cuenta y respetar escrupulosamente el régimen de cumplimiento del régimen jurídico de la DH y sus "obligaciones de conservación" en la Red Natura 2000. En efecto, la Comisión Europea establece que los "Estados miembros permitan, tanto en su legislación como en su práctica, aplicar las medidas del apartado 3 del art. 6 a las presiones que ejerce una actividad externa a un espacio Natura 2000 pero que pueda afectarlo de forma apreciable", incluso a las actividades ya autorizadas en su día, como es el caso de esta central hidroeléctrica (Comisión Europea, Gestión de espacios Natura 2000. Disposiciones del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE sobre hábitats. Luxemburgo, pág. 24 y ss).

Esta cuestión la ha recogido la jurisprudencia, como la Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia (STJUE) de 24 de noviembre de 2011, C-404-09, Comisión/España, "Minas del Alto Sil", a pesar de las evidentes repercusiones que una instalación de este tipo ha tenido desde 1992, cuando se aprobó esta Directiva. Hablamos de una explotación minera objeto de grandes inversiones. El Derecho de la UE tiene en cuenta los aspectos ambientales en la Directiva de Hábitats, sin consideración de otros por muy importantes que sean.

4º Igualmente, resulta un claro “flatus vocis”, una mera expresión retórica y sin contenido, aludir a los gases de efectos invernadero, cuando en el informe ni se cuantifican el equivalente de GEI ni se pone en relación con la estructura del sistema eléctrico nacional. Ni un dato ni nada que se parezca se añade a la expresión retórica de la pág. 34. La potencia de Valduno II es de apenas 5 MW12 https://www.asturias.es/documents/217090/1098006/20240212-datos-publicos-RIPRE.pdf/8b4b07d8-b726-c2c2-d06f-7cbb037af7e1?t=1707748462321 y https://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=14&id1=119255&id2=2 , una cifra irrisoria en el panorama del conjunto del Sistema Eléctrico Nacional, que según Red Eléctrica de España es de 131.212 MW13 https://www.ree.es/es/datos/generacion . Es decir, representa sólo la 26.242ava parte de la potencia instalada, mientras que la máxima potencia empleada lleva años siendo inferior a 40.00 MW. Es decir, se emplea menos de un tercio14 https://www.sistemaelectrico-ree.es/informe-del-sistema-electrico/demanda/maximos-demanda-energia-electrica o sobra potencia instalada a espuertas. De hecho, en las últimas subastas de energía renovables amparadas por el Estado no se ha adjudicado un solo megavatio hidroeléctrico15 https://www.miteco.gob.es/es/energia/renovables/regimen-economico.html y https://www.newtral.es/subastas-energias-renovables/20240413/ .

En consecuencia, es del todo falaz y se incurre en plena arbitrariedad cuando se esgrimen excusas, que no argumentos, en relación con una fantasmagórica necesidad de mantener esta explotación a este respecto.

5º Por tanto, carece de cualquier atisbo de fundamentación y objetividad la siguiente afirmación del informe de la Sra. Jefa del Servicio Técnico:

6º La CHC parece desconocer también que los efectos de la extinción concesional nos llevan de modo unívoco a la extinción concesional y a la obligada demolición a cargo de la empresa, por los gravísimos perjuicios ocasionados al interés público (ambientales y de protección del DPH).

En efecto, el Tribunal Supremo ha confirmado en casación la jurisprudencia al aplicar el art. 89.4 del RDPH y el art. 101 de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP). Esta jurisprudencia ha adquirido carta de naturaleza y es la interpretación que ha de seguirse por los particulares y los poderes públicos, recaída en la interpretación, en interés casacional objetivo, de dichas normas en las SSTS, Sala 3ª, sobre los conocidos casos de Hoz Seca16 https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/db20b5200792ed85a0a8778d75e36f0d/20241122 , Los Toranes17 https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/de053f97d541ac9ca0a8778d75e36f0d/20240719 y Contreras-Mirasol18 https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/cffb5f60a4e5421ca0a8778d75e36f0d/20240719 , criterio que confirma la jurisprudencia de la Audiencia Nacional y varios Tribunales Superiores de Justicia, independientemente de la fecha del otorgamiento de la concesión, de su clausulado y de su entrada en servicio.

En concreto, subrayamos que, dado el carácter de corredor ecológico y la atención que todo río merece por el art. 21 de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (LPNB) y el art. 126 bis del RDPH:

"Artículo 126 bis RDPH. Condiciones para garantizar la continuidad fluvial.

1. El Organismo de cuenca promoverá el respeto a la continuidad longitudinal y lateral de los cauces compatibilizándolo con los usos actuales del agua y las infraestructuras hidráulicas recogidas en la planificación hidrológica (...).

4. El Organismo de cuenca promoverá la eliminación de infraestructuras que, dentro del dominio público hidráulico, se encuentren abandonadas sin cumplir función alguna ligada al aprovechamiento de las aguas, teniendo en consideración la seguridad de las personas y los bienes y valorando el efecto ambiental y económico de cada actuación (...)".

En el mismo sentido, el art. 89.4 del RDPH:

“Al extinguirse el derecho concesional revertirán al Estado gratuitamente y libres de cargas cuantas obras hubieran sido construidas dentro del dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones estipuladas en el documento concesional y, en su caso, las relativas a la reversión de otros elementos situados fuera del demanio.

Si en dicho momento, la Administración hidráulica considerase posible y conveniente la continuidad del aprovechamiento, podrá exigir del concesionario la entrega de los bienes objeto de reversión en condiciones de explotación tal como prevén los artículos 164.3, 165.3 y 167.3 y 4. Si por el contrario lo considerase inviable, o su mantenimiento resultase contrario al interés público, podrá exigir la demolición de lo construido en dominio público de conformidad con el artículo 101 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas”.

Lo que ocurre es que tal ponderación de intereses no la ha llevado a cabo la CHC por los fallos que hemos puesto a colación en este escrito. Donde debería haber habido un análisis estricto de los antecedentes y alternativas hay meras conjeturas, contradicciones y falacias, lo que conlleva a la nulidad radical de pleno Derecho de la resolución que se llegase a adoptar para mantener la presa, por simple y llana arbitrariedad.

Recordamos a su vez, que el art. 21 de la LPNB recoge el principio de salvaguarda de los ríos y de las áreas de montaña como corredores ecológicos como elementos claves para la conectividad, ríos y montañas que gozan de un "papel prioritario" para dichos fines. A la vez que hay que tener en cuenta la conectividad lateral y longitudinal, el transporte de sedimentos, las sueltas de agua al turbinar y sus tasas de cambio o fluctuación, el ciclo de energía natural del caudal, la captura del agua en la cámara de carga y los efectos de las líneas de transmisión de electricidad en el valle.

7º Que en cuanto a la exigencia de abonar la cuantía a abonar por la empresa concesionaria (principal más intereses y tributos) al erario público por la eventual energía producida desde la fecha en que se cumpla el plazo concesional (17 de abril de 2025).

La CHC desconoce de plano la doctrina del Consejo de Estado y la jurisprudencia19 Dictamen del Consejo de Estado, nº 711/2017, de 14 de septiembre de 2017: Extinción y reversión a la Administración del Estado de la concesión por Real Orden del 04/07/1927, para el aprovechamiento hidroeléctrico de 12.000 (l/s) de aguas del río Cinqueta, en los términos municipales de Plan, Tella Sin y Salinas de Sin (Huesca). Central de Lafortunada-Cinqueta. Titular: Endesa Generación, S.A. La Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, de 28 de febrero de 2020, abunda en esta cuestión, motivada por un recurso de ENDESA, y recoge lo siguiente sobre esta cuestión del cobro de lo excesivamente producido. El FJ 15º dice así (la negrita es nuestra): “Y en el informe técnico complementario de 23 de marzo de 2017 de la Jefa de Servicios de Concesiones y Autorizaciones III de la Confederación Hidrográfica del Ebro, se reseña: "... que de lo que se trata es de hacer un balance global entre los beneficios obtenidos por la mercantil fuera del periodo concesional y la cifra que reclama la misma mercantil a la Administración, por la extinción de otros derechos concesionales, con el fin de conocer el saldo definitivo de la indemnización ya que, lo que no puede negar ENDESA es que al haber disfrutado del citado aprovechamiento de forma extemporánea ello le ha generado un saldo económico neto directo positivo (resultante de los ingresos generados tras restar los gastos de mantenimiento habidos), no debe olvidarse que de lo que se trata es de hacer prevalecer el interés general frente al interés particular de un concesionario al que se ha acabado el plazo para disfrutar del derecho otorgado, máxime cuando el mismo particular utiliza todos los medios posibles a su alcance -en el pasado y en el presente” (…) Por tanto, el acuerdo de determinación en la resolución impugnada de las consecuencias económicas que hubiese podio tener para la sociedad demandante el exceso en la explotación de la instalación desde el 12 de julio de 2007, fecha de finalización del plazo de la concesión, hasta la finalización del expediente de extinción de la concesión, con reserva del Estado de las acciones que pudieran corresponderle, respecto a su exigencia y eventual compensación con los derechos económicos que puedan derivar a favor del concesionario del expediente de compensación de la extinción de los Saltos de Fiscal y Jánovas, es ajustada derecho, debiéndose desestimar los motivos de impugnación invocados por la parte actora al efecto”. recaída al respecto, por lo que procede requerir a Red Eléctrica de España, el OMIE y la Secretaría de Estado de Energía a que determine (la negrita es nuestra) “examinar la cuestión relativa al período de tiempo que media entre el final de la concesión (…) y la fecha en que recaiga la resolución final del presente procedimiento, debiéndose a tal efecto valorar el beneficio obtenido por el titular a consecuencia del disfrute en exceso del aprovechamiento, reservándose la Administración las acciones que procedan”, con el fin de su ingreso en el Tesoro Público. Como se prueba, la normativa sí lo exige y hay ejemplos sobre aprovechamientos hidroeléctricos.

8º Que las anteojeras libremente puestas para evitar la aplicación, como un todo, del ordenamiento jurídico, como es el caso del punto anterior acerca del cobro de la energía producida tras la fecha de extinción concesional, se reproduce en otras cuestiones de las que ha tenido noticia, como es la incoación del expediente de creación de una reserva demanial del art. 104 de la LPAP: procédase de oficio pues, teniendo sobrada noticia de esta posibilidad. El ser objeto de otro expediente no puede limitar la vista de la Administración pública para actuar en el ámbito de sus competencias.

Por tanto, SOLICITAMOS:

1º La adopción de la medida provisional o cautelar del cierre de la captación de aguas derivada y que cese toda derivación de aguas en cuanto se resuelva el expediente de extinción concesional y como resultado de la validez y eficacia inmediata de todo acto jurídico, de acuerdo con el art. 56 de la LPAC.

2º Que se demuela a costa del concesionario todo lo sito en DPH y lo que constituya la unidad reversional estrictamente industrial, de acuerdo con el art. 101 de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP) y el art. 89 del RDPH, en pleno cumplimiento de la doctrina del Tribunal Supremo.

3º Que en todo caso se le notifique al concesionario el coste por ejecución subsidiaria que le supondría en el supuesto de que no lo hiciera motu proprio, previéndose la medida cautelar de la oportuna prestación de fianzas, de acuerdo con el art. 56 de la LPAC.

4º La declaración en el oportuno expediente del objeto de la concesión de la parte de DPH afectada por esta explotación como "reserva demanial" en todo caso, de acuerdo con el art. 104 de la LPAP.

5º Que se detalle y exija la cuantía a abonar por la empresa concesionaria (principal más intereses y tributos) al erario público por la energía producida desde la fecha en que se cumpla el plazo concesional (17 de abril de 2025) hasta el cese real de producción debido a la ineludible resolución que extinga la concesión desde el mismo momento en que se dicte y que, asimismo, en su caso, se constate el pago de los cánones y tributos por ocupación del DPH y por la producción hidroeléctrica (arts. 112 y 112 bis del TRLA), de acuerdo con los datos que pueda proporcionar el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) o Red Eléctrica de España (REE).

6º Que, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia puede celebrarse un concurso hidroeléctrico del art. 165 bis del RDPH, so pena de incumplir los objetivos de conservación de la ZEC del río Nalón.

7º Que se resuelva este expediente en el plazo máximo de 18 de meses que establece la disposición adicional sexta del TRLA.

8º Que se nos informe del curso y resultado de esta solicitud, estimándosenos como parte interesada a efectos de todos y cada uno de los trámites del procedimiento administrativo resultante de este expediente.

Por todo ello SOLICITAMOS que se tenga por presentado este escrito y por formuladas las alegaciones que se presentan en tiempo y forma sobre dicho proyecto, que sean estimadas dichas alegaciones y que se modifique en el sentido argumentado el proyecto sometido a consulta, adecuándose a la obligada motivación prevista en la regulación procedimental que es específica y, teniéndome por parte interesada, nos den traslado de la resolución que recaiga en el presente procedimiento administrativo.

OTROSÍ DICE: que es preciso una respuesta razonada a estas alegaciones de acuerdo a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La falta de respuesta es motivo de nulidad de la tramitación.

En Avilés a de 3 febrero de 2025

Fdo. Fructuoso Pontigo en representación de la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies