Las asociaciones ambientales que estamos con acusación particular personadas en la denuncia consideramos escasa la sanción propuesta de 800.000 euros por el Principado Hidroeléctrica del Cantábrico (HC) por el vertido de fuel a la ría de Aboño, nos resulta exigua en comparación con la gravedad del daño ocasionado al patrimonio natural y denota que la Administración sancionadora está dispuesta a dejar que hechos como el denunciado sigan perpetrándose, habida cuenta de que, para la empresa infractora, la multa que finalmente se le imponga no supone sino un mínimo coste adicional que puede solventar con una subida de tarifas a los consumidores, mientras a nuestras costas seguirán llegando durante años y con frecuencia los tóxicos vertidos al mar por la mercantil.
El expediente sancionador incoado por la Consejería de Fomento frente a HC, al que hemos tenido acceso en la causa penal, porque el Principado no nos permitio acceder al suyo en la vía administrativa contiene el informe emitido por la Dirección General de Calidad Ambiental en el que se pone de manifiesto que el vertido perpetrado el día 26 de julio del pasado año afectó a más de 118.000 metros cuadrados de zonas de baño donde fue necesario prohibir su uso para tal fin, a 86.000 metros cuadrados de costas rocosas, escolleras y plataformas intermareales y a más de 13.000 metros cuadrados de playa.